La Audiencia Nacional niega tener competencias para investigar a los detenidos en las protestas del 25-S

  • Los abogados de los detenidos denuncian "injerencias" de Interior y la Delegación del Gobierno en el proceso y "maltrato policial" a los detenidos. 34 de los arrestados han quedado en libertad con cargos.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha informado a la Policía de que los delitos que imputan a los 35 detenidos el martes en los disturbios en la Plaza de Neptuno de Madrid, convocados por la coordinadora 25-S, no son competencia de este tribunal, y le insta a que actúe "en consecuencia". Así lo ha dictado el magistrado en una providencia dirigida al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información con la que se da por enterado de la detención de las 35 personas a los que se le acusa de delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia y desórdenes públicos, "ninguno de ellos competencia de la Audiencia Nacional". Los 34 detenidos han pasado a disposición judicial en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla.

Por ello, Pedraz, que se encuentra de guardia esta semana, concluye que "la unidad policial deberá actuar en consecuencia respecto de los mismos" (delitos). Así, fuentes jurídicas han explicado que la Policía deberá remitir los atestados a los juzgados ordinarios de instrucción en Plaza de Castilla, que son los que tienen la competencia para instruir los citados delitos. Esta decisión del juez se produce después de que fuentes de Interior informaran de que a los 35 arrestados -uno de ellos menor de edad- se les imputaría un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere, a la promoción de manifestaciones ante la sede de organismos legislativos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional imputó el pasado viernes a ocho personas por la convocatoria de la iniciativa Rodea el Congreso, a los que ha citado el próximo día 4 después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional para que investigase los hechos. El jueves en el Congreso, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, calificó los altercados como "muy graves" ya que se produjeron contra la Cámara Baja y señaló que la Policía ha instruido los atestados de las 35 detenciones, teniendo en cuenta que los arrestados cometieron delitos contra altos organismos de la Nación, que son competencia de la Audiencia Nacional.

El juez deja en libertad con cargos a 34 de los detenidos

La juez de guardia de Madrid ha puesto en libertad con cargos a 34 de los detenidos el pasado martes y ha dictado prisión provisional eludible mediante fianza de 1.000 euros para otro más. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los 34 que han quedado en libertad se enfrentan a la imputación de la posible comisión de atentado y desórdenes públicos, según el caso. La magistrada ha acordado la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cual recae una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos.

El imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, ha tomado declaración durante toda la tarde a los detenidos, después de que la Audiencia Nacional comunicase a la Policía que los delitos por los que han sido acusados no eran de su competencia. Desde primeras horas de la tarde, un grupo de unos cien familiares y amigos de los detenidos se ha congregado a las puertas del juzgado de guardia de Plaza de Castilla, adonde fueron conducidos los arrestados. Los congregados, en su mayoría jóvenes, portaban una pancarta con el lema "Solidaridad con detenidos 25-S.Stop a montajes policiales".

Los abogados denuncian "injerencias" y "maltrato policial" a los detenidos

Los abogados de cuatro de los detenidos durante las protestas han mostrado su "mayor repulsa" por la "injerencia" que, a su parecer, se ha producido por parte del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Así lo ha manifestado Raúl Maíllo, miembro de la Comisión Legal del 15-M y abogado de dos de los detenidos, quien ha asegurado que el hecho de que no se les pusiera en libertad el miércoles por la tarde tras prestar declaración se debe a que "se ha forzado políticamente" para tratar de convertir los hechos de los que se les acusa -desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, principalmente- en otros más graves como delitos contra altas instituciones del Estado o sedición. "Son manifestaciones imprudentes y ajenas a los cargos de los que se les acusa", ha denunciado, para añadir que "todo se ha movido a espaldas del procedimiento, de los detenidos y de los letrados". "Son hechos que no son competencia la Audiencia Nacional", ha asegurado.

Precisamente, los abogados representantes de 20 de las personas detenidas en la movilización ante el Congreso de los Diputados han interpuesto este jueves una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad.

La abogada de otros dos de los detenidos, Begoña Landana, ha aseverado también a las afueras de los Juzgados de Plaza de Castilla que la mayoría de los arrestados "han sido objeto de maltrato policial". "Además de la demora, tienen lesiones y han sido tratados con asistencia incluso hospitalaria", ha apuntado. Preguntada sobre cuándo se habrían producido dichos malos tratos, ha asegurado que aunque "en general fue en el momento de la detención". Durante su estancia en las dependencias policiales de Moratalaz habrían sido víctimas de prácticas como "permanecer de pie, no permitirles orinar ni mirar o mantenerles con la cabeza agachada". "Se está pensando en poner denuncia", ha anunciado.

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