Más de una veintena de personas, entre 22 y 24 según las fuentes consultadas, han sido imputadas en la operación Pokemon -que investiga supuestas irregularidades en la concesión de servicios públicos municipales-, entre ellos alcaldes, concejales, policías locales y empresarios.

El edil Fernando Varela (BNG), encargado de Vivienda, Rehabilitación y Deportes en el Ayuntamiento de Orense, y en el pasado mandato responsable de Seguridad, Bomberos y Policía Local, fue detenido este miércoles. Su abogado, Jorge Temes, indicó que su cliente ha sufrido dos ataques de ansiedad. Su arresto se produjo después de la imputación del alcalde de Orense, el socialista Francisco Rodríguez, liberado en la madrugada del pasado domingo tras depositar una fianza de 6.000 euros, y un día después de que el BNG anunciase la ruptura de la coalición de gobierno y reclamase la dimisión del regidor. Rodríguez se encuentra bajo la presión de diversas formaciones políticas, incluida la dirección de su propio partido, el PSdeG, que el pasado lunes casi a medianoche anunció que, ante su negativa a dimitir, lo suspendía de militancia.

Además, otro edil socialista de la localidad lucense de Cospeito, M. A. P. Y., ha sido también detenido. El edil, según las citadas fuentes, está vinculado a una empresa de construcción -Hermanos Pico Yáñez S. L.- de este municipio, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

También fueron arrestados este miércoles un matrimonio de empresarios de la provincia de Ourense, al frente de una compañía relacionada con el sector forestal, así como, al menos, otros cuatro empresarios, dos en Lugo, uno en A Fonsagrada -núcleo de la provincia lucense-, así como otro en Vigo que fue posteriormente puesto en libertad.

Algunas fuentes indicaron que el número de detenidos desde el pasado jueves asciende a 22, aunque otras señalan que en total suman 24. La jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de instrucción número uno de Lugo, mantiene el secreto de sumario sobre el asunto en el que destacan, entre los presuntos implicados, además del alcalde de Orense, el de la localidad coruñesa de Boqueixón, Adolfo Gacio, del PPdeG, que tras su imputación renunció al cargo de regidor, aunque se mantiene como concejal.

El responsable del sistema de pago de aparcamiento callejero Ora en Lugo, Javier Reguera, fue ingresado en prisión imputado de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental. Asimismo, durante la jornada, fue puesto en libertad el jefe de la Policía Local de Orense, Abelardo Ulloa, tras depositar una fianza de 5.000 euros, indicaron fuentes próximas a la investigación. También el antiguo coordinador de la Policía Local de Lugo, Daniel Corral, fue puesto en libertad sin fianza, después de prestar declaración durante varias horas ante el Juzgado.

La operación Pokemon ha enturbiado el clima político en Galicia a falta de un mes para la celebración de los comicios autonómicos, el 21 de octubre. El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, consideró que el Ayuntamiento de Orense lleva varios días "con una inestabilidad sin precedentes" y pidió al PSdeG y al BNG que "garanticen la gobernabilidad" y resuelvan el "enorme barullo". Por su parte, el líder de la oposición en Galicia y candidato del PSdeG, Pachi Vázquez, dijo que los dirigentes de su partido están "absolutamente tranquilos" porque han "hecho los deberes".

El partido nacionalista gallego Compromiso por Galicia (CXG), una escisión del BNG que concurre a los comicios autonómicos en solitario, criticó el "caos institucional" del Ayuntamiento de Orense y pidió "responsabilidad" para que el "caos" actual "no acabe perjudicando a los intereses de la ciudad". En cambio, el histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras, que acude a las elecciones con la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), consideró que Pokemon es una "operación espectáculo" susceptible de aumentar la abstención.