El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a recibir las convocatorias oficiales de la huelga acordada para el próximo día 18 de febrero por varias juntas judiciales, que representan en torno al 20 por ciento de la carrera judicial, y por dos de las cuatro asociaciones de jueces: la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. En los escritos en los que comunicaron al Consejo su respaldo al paro de 24 convocado para el 18, ambos colectivos reivindicaron el derecho a huelga de los jueces. Sobre este extremo tendrá que pronunciarse el CGPJ el próximo lunes en un pleno extraordinario y el Gobierno, aseguró la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, respetará su decisión.

Son ya varias las juntas judiciales que han remitido al Consejo su convocatoria oficial de huelga. Las dos asociaciones que secundan el paro del día 18, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, decidieron personarse en la sede del CGPJ para presentar sus escritos de convocatoria de una huelga a la que están llamados "los jueces y magistrados de todo el territorio nacional". 

El escrito, que fue entregado por el nuevo portavoz de FdV, Marcelino Sexmero, y el de FJI, Benito Raboso, sostiene que la convocatoria "se ampara en el derecho fundamental de huelga que contempla el artículo 28.2 de la Constitución", del que, según aseguran, también son "titulares los jueces y magistrados". Las asociaciones apelan al "derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados", recogido en la Constitución; y a "la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos", contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 

Como tercer argumento para defender su derecho a la huelga, las dos asociaciones rescatan una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1981 "de la que se desprende", según informan en su escrito, "la legitimación de las organizaciones profesionales para convocar huelga en el ámbito territorial y funcional que le es propio". 

A las puertas de la sede del órgano de gobierno de los jueces, Sexmero aseguró que la huelga es "un acto de responsabilidad" porque los jueces y magistrados están "bastante hartos de la situación en la Administración de Justicia y de la irresponsabilidad de los Ministerios de Justicia y de los Gobiernos de este país, incluido el actual pero también los anteriores". "Si queremos hablar de responsabilidades, habrá que aplicárselas también al propio Ministerio de Justicia", sentenció.

Una responsabilidad que la vicepresidenta primera del Gobierno no negó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. "Todo el mundo tiene su responsabilidad, el Gobierno la suya y los jueces la suya también" señaló De la Vega, que también se refirió al Pleno Extraordinario que el órgano de gobierno de los jueces celebrará el lunes para estudiar si los magistrados tienen o no derecho a huelga. "Creo que es bueno esperar a conocer su posicionamiento y, en todo caso, como Gobierno respetaremos lo que decida el Consejo", apuntó.

De la Vega insistió en que el Gobierno sigue teniendo su mano tendida al diálogo con los jueces. "Seguimos teniendo toda la disposición al diálogo, toda, también esfuerzo y responsabilidad, estamos dispuestos a sentarnos con los jueces cuantas veces lo consideren necesario y sea bueno para mejorar el servicio público", concluyó.