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El CGPJ decidirá el jueves en un pleno extraordinario si los jueces pueden hacer huelga

  • También fijará quién establece los servicios mínimos o las sanciones que se impondrán a los jueces que secunden los paros.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar el jueves un pleno extraordinario para abordar la histórica huelga de jueces programada para el próximo día 18 de febrero. En esta reunión, el órgano de gobierno del poder judicial abordará la cuestión estrella: sí los jueces tienen derecho o no a hacer huelga. En caso de que su respuesta a este interrogante sea positiva, el CGPJ también abordará el tema de los servicios mínimos durante el paro y establecerá qué organismo es competente para fijarlos. En caso de que acuerde que los jueces no tienen derecho de huelga, podría fijar las sanciones impuestas a los magistrados que secunden el paro.

Aunque todavía no hay fecha fijada oficialmente, todo indica que el Pleno del CGPJ se reunirá el jueves para afrontar la crisis de la Justicia y concretamente la huelga convocada para el día 18 y que secundan dos de las cuatro asociaciones judiciales, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, y numerosas juntas de jueces que supondrían en torno al 20 por ciento de la carrera judicial. 

La sesión extraordinaria responde a los escritos remitidos por las asambleas de jueces celebradas el pasado día 21 en Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria, donde los asistentes decidieron respaldar un paro el próximo 18 de febrero. En estos escritos se pregunta al Consejo cuáles deben ser los servicios mínimos a cumplir, al considerarse que debe ser el CGPJ el encargado de fijar estos criterios.

Pero antes de entrar en estas cuestiones de intendencia, el CGPJ deberá decidir si los jueces pueden ir a la huelga. Si su respuesta es positiva, determinarán entonces quién decide los servicios mínimos. Si, por el contrario, se decide que los jueces carecen del derecho a la huelga, tal y como se sostiene desde el Gobierno, aquellos que la secunden podrían incurrir en infracción disciplinaria y ser sancionados. Dicha sanción sería, en todo caso, recurrible ante el Tribunal Supremo.

Decida lo que decida el CGPJ, lo cierto es que la huelga ha tomado una nueva dimensión desde el viernes, cuando la segunda asociación más fuerte por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (FdV), y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), rompieron con las otras dos la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), y secundar el paro. Las dos, FdV y FJI, replicaron al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que apuntó la posibilidad de prohibir por Ley las huelgas de jueces.

"Sería el único país civilizado con una legislación para prohibir una huelga de jueces, no existe ningún país, ni Portugal, ni Francia, ni siquiera Estados Unidos, donde exista una legislación así", denunció el nuevo portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que calificó esta posibilidad como "un acto desvergonzado". En ese sentido, recordó cómo "en 2005 en Italia se celebró una huelga de jueces y ni Berlusconi, que para otras cosas se las trae, lo prohibió". Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo expresó que "el Parlamento es el poder superior, pero no el absoluto y está sometido a la Constitución". "Si el Parlamento prohíbe la huelga iremos al Constitucional" advirtió.

Y mientras la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente replican al ministro, la Asociación Profesional de la Magistratura cargó contra estas dos asociaciones a las que les acusó de tener intereses propios, haber "repudiado la unidad judicial" y de haber "defraudado la aspiración de los españoles". Además recordó que su "anuncio se desdice del compromiso que voluntariamente redactaron, firmaron y divulgaron en todos los medios de comunicación hace escasos días" y les recordó que "su decisión desprecia a todos los Jueces y Magistrados". 

"Es una pérdida colectiva, que en modo alguno se justifica por las aspiraciones de influencia institucional que puedan tenerse o por las lógicas y legítimas pretensiones de incremento del grado de representación profesional", denunció la APM a través de un comunicado en el que lamentó "sentida y profundamente" la declaración de huelga por parte de las dos asociaciones. 

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