El CGPJ rechaza que se vigile a etarras o violadores tras cumplir la condena

  • El órgano de gobierno de los jueces aprueba un informe muy crítico con las reformas que Bermejo pretendía incluir en el Código Penal · Reitera su defensa de la independencia de los jueces

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer un informe "muy crítico" sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el que considera que la libertad vigilada de hasta veinte años prevista para violadores, pederastas y terroristas reincidentes tiene "difícil justificación".

Así manifestó la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, tras la reunión del Pleno en la que se ha ratificado ese informe, preceptivo pero no vinculante, aprobado la semana pasada por la Comisión de Estudios del Consejo y que cuestiona buena parte del anteproyecto aprobado por el Gobierno.

Según Bravo, aunque en el derecho comparado se contempla la posibilidad de la libertad vigilada, esa medida es de "difícil justificación" en nuestro sistema, y su aplicación presenta muchas dificultades para conciliarla con el régimen de tercer grado penitenciario o con la libertad condicional.

El informe del CGPJ argumenta que esta medida establece un sistema restrictivo de derechos y critica que se base como presupuesto en una responsabilidad dilatada en el tiempo, ya que la libertad vigilada se aplicaría a los delincuentes reincidentes una vez cumplida la pena.

Otra de las críticas del informe se refiere al tratamiento previsto para los delitos contra la libertad sexual, la prostitución y la corrupción de menores, en los que se prevé un aumento de las condenas, las cuales según el CGPJ no son acordes con el principio de proporcionalidad.

En concreto, se cuestiona que la violación de un menor de trece años se castigue con penas de entre doce y quince años de prisión y el homicidio de un menor de trece años, con entre diez y quince años de cárcel.

Bravo indicó que, aunque los delitos contra la libertad sexual de los menores son muy graves, las condenas previstas, en comparación con las de los delitos contra la vida, no son acordes con el respeto a la proporcionalidad de las penas.

Además, el Poder Judicial propone que los delitos penales se consideren supuestos agravados cuando afecten a menores de trece años, incluida esa edad.

El informe del CGPJ sí informa de forma favorable sobre la "imprescriptibilidad" de los delitos de terrorismo, ya que entiende que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, es una opción de política criminal por la que puede optar el legislador.

En este punto, no obstante, ha presentado un voto particular la vocal Margarita Uría, nombrada a propuesta del PNV.

El CGPJ también censura la ampliación del plazo de prescripción para delitos contra la Hacienda Pública que se contempla en la reforma del Ejecutivo, ya que considera que no es una medida proporcionada con la entidad de los delitos.

Para la portavoz del Consejo "aumentar el plazo de prescripción perjudicaría al sistema económico de nuestro país porque a las empresas las dejaríamos en un limbo de inseguridad jurídica".

Por otra parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó el acuerdo de la comisión permanente de este órgano que pidió el cese de declaraciones que pudieran "perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional" ante las críticas al juez Baltasar Garzón.

Durante la reunión de ayer, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa reiteró sus disculpas por las declaraciones que realizó el pasado día 13 en la televisión autonómica valenciana, en las que criticó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por no inhibirse en el caso sobre una supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados altos cargos del PP.

Tras la reunión del Pleno, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo ha insistido en que el Consejo "siempre va a velar por la independencia de los jueces y magistrados", ya que ese es su mandato constitucional y lo que justifica su existencia.

De Rosa, según Gabriela Bravo, insistió en que hizo esas declaraciones a título personal y que en ningún momento tuvo intención de interferir en la actividad jurisdiccional, ni cuestionar la labor de los jueces y magistrados de nuestro país. Además, el vicepresidente del CGPJ ha remarcado su "profundo respeto" por la independencia del Poder Judicial.

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