Camps deberá revelar sus contratos menores con la trama de Gürtel

  • El TSJCV ordena al Gobierno valenciano que proporcione la documentación dada su "naturaleza pública"

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera inconstitucional la negativa del Gobierno autonómico a informar sobre la contratación pública con empresas de la trama Gürtel y le ha instado a facilitar la documentación al respecto que había solicitado Compromís.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado así un recurso de Compromís contra la comunicación del conseller de Economía, Gerardo Camps, que rechazó 1.508 peticiones de documentación presentadas por este grupo parlamentario en 2009 con el argumento de se encontraba bajo secreto de sumario.

La resolución, contra la que cabe recurso de casación, obliga al Gobierno valenciano a "facilitar la información en los términos solicitados", algo que Compromís ya ha adelantado que reclamará, y declara su forma de proceder "contraria a la Constitución".

Este grupo parlamentario presentó una batería de peticiones de documentación sobre los contratos menores realizados, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2003 y 2008, entre las distintas consellerias y las empresas que aparecían en el primer auto de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.

El TSJCV sostiene que el secreto sumarial no es aplicable en este caso "porque dicha documentación preexistió al sumario y desde luego, hayan sido o no incorporados al mismo, su naturaleza pública es previa".

La información solicitada se refiere a contratos administrativos, cuya naturaleza pública "está consagrada en el propio precepto inicial de su ley reguladora actual", señala el tribunal, que considera que el conseller habla de secreto de sumario "sin acreditación alguna, sin expresión de su alcance". La respuesta de Gerardo Camps, a su juicio, no concreta "si nos hallamos ante el genérico carácter secreto de las actuaciones sumariales del artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, o bien ante una específica resolución judicial de tal secreto en los términos del artículo 302" de la citada ley.

La sentencia concluye que, "siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa, carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada".

La diputada de Compromís en las Cortes valencianas Mónica Oltra afirmó que la sentencia que declara inconstitucional la negativa del Gobierno valenciano a informar sobre los contratos con empresas de la trama Gürtel es una prueba de que el trabajo de su grupo contra "el abuso de poder" da sus frutos.

"La sentencia es fruto del trabajo de Compromís, de no dejar que se pisoteen los derechos de los diputados", afirmó Oltra en rueda de prensa, en la que instó al Gobierno valenciano a que les remita de forma inmediata las 1.508 peticiones de documentación que presentó este grupo parlamentario en 2009.

En este sentido, recordó que la séptima legislatura todavía "sigue viva", y señaló que si el Consell no cumple con la sentencia y les da esta información antes de mañana, cuando se constituyen las nuevas Cortes valencianas, su grupo volverá a solicitarla.

El diputado de Compromís Enric Morera aseguró que "no es difícil" buscar esta documentación y defendió que se trata únicamente de "darle al botoncito", y si no lo hacen estarán "vulnerando la Constitución".

Por su parte, Oltra sostuvo que esta sentencia "acaba" con la estrategia del Consell de responder "lo que le da la gana" ante las preguntas de la oposición y advirtió de que el TSJCV "marca" un precedente que deberá ser tenido en cuenta en la legislatura que comienza.

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