España

Castilla-La Mancha admite que debe 416 millones a proveedores

  • Rubalcaba insiste en el "irresponsable espectáculo" del PP al cuestionar las cuentas autonómicas y los populares niegan que ello afecte al crédito ante los mercados

El Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha y el PP prosiguieron ayer el traspaso de poderes mientras la vicepresidenta y responsable de Economía, María Luisa Araújo, lanzaba un mensaje de tranquilidad sobre las cuentas de la Junta, que debía a finales de abril 416 millones a proveedores.

Tras cuatro días de acusaciones continuas entre socialistas y populares y con el foco informativo puesto sobre la salud de las cuentas públicas de la región, Araújo compareció para presentar la cuenta general del año 2010 mientras el consejero de Presidencia en funciones, Santiago Moreno, se reunía con el secretario general del PP, Vicente Tirado, para agilizar el traspaso.

Araújo presumió de "transparencia" en el traspaso de poderes y reprochó al PP la "irresponsabilidad" de su comportamiento, que, a su juicio, ha socavado la confianza de los mercados en la economía regional hasta el punto de que el lunes recibió una llamada de la agencia Moody's "alarmada" por lo publicado en los medios de comunicación.

En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, de dar un "espectáculo irresponsable y negativo para el país" al "sembrar dudas" sobre la salud de las cuentas públicas de las comunidades autónomas.

Rubalcaba recordó a Rajoy que el pasado 31 de mayo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ofreció datos "transparentes, auditados e intervenidos" sobre la situación financiera y económica de las comunidades.

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha negado su formación vaya a recortar en gastos sociales cuando acceda al gobierno de la Junta como está afirmado el PSOE en los últimos días, y rechazó que las declaraciones de su partido sobre el estado de las cuentas de la autonomía pueda afectar a la confianza de los mercados.

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