Catedráticos avalan una reforma constitucional en clave federal

  • Diez destacados constitucionalistas defienden los cambios como fórmula para solucionar la crisis de Cataluñal Apoyan las singularidades con "estatutos constitucionales" sin que aumenten más las asimetríasl Respaldan las actuaciones del Estado frente al independentismo, pero abogan por un diálogo político

Algunos de los expertos reunidos ayer en Madrid durante la jornada de debate sobre la reforma constitucional. Algunos de los expertos reunidos ayer en Madrid durante la jornada de debate sobre la reforma constitucional.

Algunos de los expertos reunidos ayer en Madrid durante la jornada de debate sobre la reforma constitucional.

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Diez destacados constitucionalistas españoles avalan una reforma de la Carta Magna en clave federal para hacer frente, entre otros asuntos, a la crisis institucional abierta por los independentistas catalanes. Aunque esta decena de catedráticos -todos de Constitucional, menos uno, que es de Derecho Administrativo- respaldan todas las actuaciones del Gobierno y de los otros poderes del Estado en Cataluña, también defiende que es necesario abrir un diálogo político: no con los independentistas, que también se pudieran sumar, sino entre todos los partidos. Ante ello, han decidido formular un conjunto de ideas para la reforma, centrada básicamente en el título que desarrolla la organización territorial del país. Para el caso concreto de Cataluña, proponen que se reconozca su singularidad, respaldada por una lengua propia y una historia particular de sus instituciones, que podría materializarse en una nueva disposición adicional. Los catedráticos rechazan que este particularismo se pueda traducir en privilegios en la financiación y en el acomodo del derecho a decidir, derecho que descartan de modo rotundo en cuanto a reconocer la capacidad para romper con el país.

Entre los diez catedráticos, hay cinco constitucionalistas de universidades catalanas, uno de la pública del País Vasco y dos de Andalucía: Ana Carmona, de la Universidad de Sevilla, y José Antonio Montilla, de la de Granada. Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, es cordobés de nacimiento. Javier García Roca, de la Complutense, cierra esta decena de convencidos reformistas que han venido trabajando durante cuatro meses en un texto consensuado que deja abiertas algunas cuestiones. Tampoco es necesario la unanimidad.

Uno de los argumentos que emplean los reticentes a la reforma es que se necesita, al menos, un consenso como el de 1978. Esta fue la idea, por ejemplo, que defendió ayer en Sevilla la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, tal como explicó Eliseo Aja, de la Universidad de Barcelona, lo que defienden no es una nueva Constitución, para la que indudablemente se tendría que aspirar a un consenso como el anterior, sino a cambios constitucionales realizados a lo largo de "un tiempo de reformas". Uno de estos grandes cambios, "puntuales pero sustanciales", es el de la organización territorial. Para ellos, las reformas requieren sólo de los requisitos que la propia Carta Magna contempla: dos quintos de las dos cámaras o tres quintos, en función de la gravedad del cambio. Si hay más, mejor, pero la unanimidad no debe ser esgrimida para no cambiar un texto que, a su juicio, presenta "fatiga de materiales" en el mejor de los casos y, en otros, "arreglos porque no todas las soluciones del 78 fueron encomiables", en palabras de Muñoz Machado. "Las constituciones se defienden reformándolas", asevera Javier García Roca.

Alberto López Basaguren, de la Universidad del País Vasco, niega otro de los extremos de quienes se oponen a la reformas; éstos dicen que es inútil el cambio para integrar a unos independentistas que nunca van a estar satisfechos, pero lo que él sostiene es que hay que preguntarse por qué han llegado a ser tantos y considera que el cambio puede lograr que los refractarios sean muchos menos.

La reforma que estos constitucionalistas proponen tiene el sello federal. Como saben lo manipulable que puede llegar a ser el debate nominal, se han cuidado mucho de llamar a lo nuevo Constitución federal, pero entienden que el único modo de solventar los encajes territoriales es utilizar los instrumentos de las repúblicas federales. Es cierto que nuestro sistema autonómico es casi federal, pero imperfecto en origen porque, queriendo avanzar hacia el autogobierno de los territorios, los padres de la Constitución huyeron del federalismo por temor a los recuerdos de la Primera República. ¿Qué cambios implican? El primero es que los estatutos de las autonomías, de los entes federados, serían constitucionales, pequeñas constituciones que tendrían como límite la Carta Magna, pero que no necesitarían ser aprobados, y reformados por tanto, por el Congreso y el Senado. Su límite sería la constitucionalidad.

Explicado por Ana Carmona, de la Universidad de Sevilla, el estatuto debería tener la capacidad para todas las cuestiones internas, para la organización territorial del ente, para legislar sobre la lengua y cultura, pero no decidiría sobre asuntos comunes, no sería ley orgánica del Estado. Dentro de esta capacidad, estos expertos proponen que cada comunidad se denomine como su Parlamento elija: en Alemania, por ejemplo, hay desde landers que se llaman por su nombre común hasta otro que se bautizan como "estado libre", aunque estén sujetos a la Constitución federal.

¿Y nación? ¿Se pueden llamar Cataluña, por ejemplo, comunidad nacional catalana? Hay surgen algunas dudas, aunque el debate es más nominal que otra cosa. Si es una nación política, sujeto de soberanía, no; pero si es cultural, sí. "El límite es la soberanía común", explica Ana Carmona. López Basaguren defiende que se puede utilizar, recuerda que la Unión Europea reconoce las minorías nacionales, singulares por lengua, cultura o historia dentro de los estados, por lo que el estatuto puede denominar nación al ente federado siempre que esté claro cuál es el sujeto de soberanía. Para que quede claro: no proponen tocar el artículo segundo de la Constitución, nación es la española a estos efectos de soberanía, aunque algún estatuto recoja ese nombre también.

Sin embargo, Francesc de Carreras, de la Autónoma de Barcelona, defiende que esa solución jurídica -posible para casi todos, incluso para él- lleva a la confusión. Así lo explica: "La nación de la Constitución española no es identitaria, es un conjunto de ciudadanos como sujeto de soberanía, por eso se recurrió a los términos nacionalidades y regiones como conjuntos de identidad. A mi modo de ver, ni debería salir otra vez el término nación en otros textos".

Salvada esta discrepancia entre los catedráticos, coinciden en que las singularidades culturales, relativas básicamente a la lengua y a algunos condicionantes históricos, deben ser reconocidas de otro modo. En el caso catalán, algunos de ellos proponen que se inscriba como una disposición adicional, como los territorios forales. Ahora bien, descartan que el particularismo tenga repercusiones económicas en cuanto a la financiación de la comunidad. De hecho, sostienen que el sistema de financiación debe estar constitucionalizado de algún modo, al menos en sus principios, de tal modo que sea transparente y evite la manipulación por parte de quienes sostienen que España les roba. Por ejemplo. García Roca, sin embargo, cree que se debe garantizar la solidaridad interregional, aunque entiende que hay que definir cuáles son los márgenes.

En consonancia con una teoría ya defendida desde hace años por Santiago Muñoz Machado, estos constitucionalistas creen que buena parte del Estatuto catalán se puede recuperar porque hay aspectos que se consideraron que no eran propios de esta fuente, de una norma autonómica, y que se pueden incluir en la Constitución, tales como la participación de las comunidades en elaboración de leyes, acuerdos y nombramientos de órganos constitucionales. Sobre la asimetría, dejan clara una cuestión: "El Estado federal, por naturaleza, es homogéneo, por tanto cuanta menos asimetrías, mejor". Digamos que las necesarias, y volvemos al caso de la lengua. Ahora bien, indican que la asimetría que se daría en Cataluña por este asunto, también debe darse en Valencia y en Baleares.

Uno de los defectos de la Constitución, el peor de ellos en materia territorial, es lo que los juristas llaman "principio dispositivo", la potestad de las comunidades para disponer de competencias. Por poner los ejemplos más llamativos: la Policía autonómica que tienen Cataluña y el País Vasco. O las prisiones, que sólo tiene Cataluña. Esto no ocurre en ningún Estado federal europeo: o se asumen por todas porque tiene esa cabida o no se asumen, y mucho menos si ese "derecho" es fruto de una negociación para salvar la estabilidad de un Gobierno.

La propuesta de estos catedráticos es que se rehaga el listado de competencias que se hace en la Constitución, muy confuso y en el origen de buena parte de toda la conflictividad en los tribunales. La opinión mayoritaria es que se nombren cuáles son las competencias, legislativas y ejecutivas, del Estado federal y aquellas que no figuren se considerarán de las comunidades.

Como resultado del encaje que proponen para Cataluña, la propuesta pasaría por elaborar un nuevo Estatuto, o un texto más general, que se someta a referéndum de los catalanes y que coincidiría en el tiempo con otro referéndum a nivel nacional si es necesario que la reforma de la Carta Magna pase por este condicionante de aprobación. Esta es la fórmula que Muñoz Machado propuso hace tres años.

Todos ellos rechazan que el referéndum de autodeterminación tenga cabida en esta Constitución y en cualquier otra. Sí defienden el derecho a decidir, o de autodeterminación, como la capacidad para pronunciarse sobre ese nuevo texto, sin que ninguna otra cámara, en este caso el Congreso o el Senado, vayan a reformarlo como ocurrió con el segundo Estatuto catalán.

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