El Congreso respalda que se puedan ilegalizar partidos políticos que se financien de manera irregular, al apoyar ayer la mayoría de los grupos la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís que solo rechazó el PP.

A falta de la votación final, prevista para mañana, todos los grupos parlamentarios salvo el PP, que manifestó su rechazo, y el PNV, que prevé abstenerse, respaldaron una iniciativa que se debatía justo un día después de la comparecencia del ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular.

Y precisamente, la comparecencia de Bárcenas estuvo ayer muy presente en el hemiciclo, donde el representante de Compromís Enric Bataller urgió a apoyar esta medida para acabar con la impunidad que "se ampara" bajo las siglas de un partido.

Una proposición que plantea la suspensión de actividad de hasta cinco años para aquellas formaciones que sean condenadas por financiación ilegal y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas durante un plazo máximo de quince años.

Bataller recordó que la corrupción en España cuesta 90.000 millones de euros, una cantidad que sirve, por ejemplo, para construir 18.000 colegios, 255 hospitales o para poner fin a las listas de espera en la ayuda a la dependencia.

Desde el PSOE, Sofía Herranz dijo que la iniciativa de Compromís, aunque se puede mejorar, cubre un "vacío legal" en este terreno.

Txema Guijarro (Podemos) cargó con dureza contra el PP repasando los casos de corrupción en los que está inmerso.