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El Consejo Fiscal rechaza una huelga de jueces que afecte a los ciudadanos

  • El máximo órgano asesor de la Fiscalía General del Estado admite que las demandas de los magistrados son legítimas, pero que no pueden traducirse en medidas que perjudiquen a los ciudadanos.

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El Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha emitido una declaración oficial en la que muestra su rechazo a que las "legítimas exigencias" para mejorar la situación de la Justicia puedan afectar al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

En esta declaración, el Consejo Fiscal, que dice ser consciente de las carencias y dificultades que afectan a la Administración de Justicia, reclama un compromiso de los poderes públicos y las Comunidades Autónomas para acometer el "imprescindible -y ya inaplazable- esfuerzo serio, sostenido y suficiente de inversión, organización y modernización de la Justicia".

En este sentido, este órgano asesor de la FGE expresa también su preocupación por las condiciones en las que los fiscales desempeñan su función, ya que asegura que el constante incremento de funciones y responsabilidades no se ha acompañado de los medios imprescindibles para mantener la calidad que los ciudadanos tienen derecho a exigir. "Esa insuficiencia ha sido sistemáticamente suplida por el sobreesfuerzo y el empeño de los propios fiscales, fruto de su sentido de la responsabilidad y de la naturaleza profundamente vocacional de su dedicación al servicio público", indica.

Aunque el Consejo Fiscal comparte el diagnóstico y las propuestas presentadas por las asociaciones de fiscales al Ministerio de Justicia con "voluntad constructiva" y "responsabilidad", considera que el cumplimiento de la función constitucional es "incuestionablemente prioritario".

Por ello, insiste en que estas "legítimas exigencias" para mejorar la Administración de Justicia de ninguna manera pueden afectar al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos o traducirse en medidas que "alteren, dificulten o degraden aun más" la prestación del servicio público que los españoles tienen constitucionalmente reconocido.

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