El Constitucional exige a la comisión catalana del proceso constituyente que cumpla la Constitución

  • El Alto Tribunal ha instado al Parlamento catalán que respete la Carta Magna y le ha recordado que el "proceso de desconexión" es "absolutamente inviable".

El Tribunal Constitucional (TC) ha exigido este martes por unanimidad a la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlamento catalán que respete la Carta Magna y ha recordado que su actividad es "absolutamente inviable" por su coincidencia con el "proceso de desconexión" que ya declaró nulo el alto tribunal.

En la reunión del Pleno, el TC ha acordado por unanimidad estimar el incidente de ejecución planteado por el Gobierno sobre la sentencia de diciembre de 2015 que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución de la cámara autonómica del 9 de noviembre de ese año con la que se quería iniciar ese proceso de "desconexión". Según la resolución unánime del TC, existe una "coincidencia sustancial" entre el ámbito de actuación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente y los fines perseguidos por el resolución del 9 de noviembre.

Un auto en el que el alto tribunal advierte al Parlamento catalán, y "especialmente a la Mesa" de la cámara, de que la actividad de esa Comisión debe someterse "al cumplimiento de las exigencias de la Constitución y, singularmente, de los procedimientos de su reforma". Y le avisa de que en modo alguno la Comisión podrá dirigirse a "la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente". De este modo, el auto ha acordado "advertir a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados".

El incidente de ejecución de sentencia se dirige contra la resolución del Parlamento catalán del 20 de enero del 2016 de creación de esa comisión, cuya nulidad solicitó la Abogacía del Estado, petición a la que se sumó la Fiscalía General del Estado, al entender que con ella se pretendía seguir adelante con el llamado "proceso constituyente de Cataluña".

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