El Constitucional deja en suspenso la comisión sobre el 1-O del 'Govern'

  • La resolución se deriva de la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo de Rajoy contra la investigación de las cargas

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en suspenso la vigencia de la comisión denominada "sobre violación de derechos fundamentales" que fue creada por la Generalitat de Cataluña el pasado 2 de octubre para investigar la actuación policial en la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

La resolución del tribunal de garantías es consecuencia de la admisión a trámite del recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que considera que la comisión creada por la Generalitat vulnera competencias exclusivas del Estado en materia de justicia y de legislación procesal así como otros principios como la presunción de inocencia y el derecho al honor.

En su acuerdo, la Generalitat indicaba que el objetivo de esta comisión era investigar actuaciones y omisiones "imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad" tras los "hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales".

En la providencia que notificó ayer, el TC acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados a la Generalitat de Cataluña, que dispone de un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones que estime conveniente.

En el frente judicial también hay que mencionar que un grupo de jueces que se dieron de la baja de la progresista Jueces por la Democracia (JxD) por discrepar de su postura sobre el proceso independentista han creado Ágora Judicial, una nueva asociación de ámbito estatal cuyo primer comunicado pide la excarcelación de Oriol Junqueras y los Jordis.

Según informó a Efe un portavoz de la nueva asociación, que todavía no se ha presentado públicamente, la entidad ha sido fundada por una veintena de jueces y magistrados de Cataluña, entre ellos un grupo de los que se dieron de baja de Jueces por la Democracia en vísperas del referéndum del 1-O suspendido por el Constitucional.

Los jueces abandonaron la asociación judicial progresista porque ésta se negó a aceptar su propuesta de condenar públicamente el intento de resolver el referéndum del 1-O mediante la "judicialización", en vez de por vías políticas.

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