El presidente de ERC en el Parlamento catalán, Joan Puigcercós, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para que el castellano también sea lengua vehicular en la educación ampara la creación de un "apartheid" en Cataluña.

"Parece que quiere crear un apartheid en Cataluña y separar a los alumnos por cuestión de lengua creando dos comunidades", afirmó el dirigente independentista en rueda de prensa, donde aseguró que es una sentencia política elaborada con una doctrina, a su juicio, contaminada.

Al tiempo, el subgrupo parlamentario de SI registró ayer una propuesta de resolución para que el Parlament rechace el fallo del TSJC y se reafirme en su apuesta por blindar la inmersión lingüística, además de instar a la Generalitat a no acatar la sentencia que le obliga a incorporar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. El portavoz del subgrupo, Alfons López Tena, cargó en rueda de prensa contra la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por "mentir y tergiversar" con su interpretación de la sentencia del TSJC.

También terció ayer en la polémica el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, quien opinó que la sentencia del Estatut avala el sistema de inmersión lingüística catalán. Gay afirmó que la sentencia del Estatut consagra el derecho de cualquier ciudadano a "expresarse y tener una educación en su propia lengua", pero, en su opinión, ello no implica que se tenga que regresar a un sistema en el que los alumnos estén diferenciados por clases en castellano y en catalán.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, afirmó ayer que "se podrían recaudar 3.000 millones de euros" si la Iglesia abonará los impuestos de bienes inmuebles (IBI), además de IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA.

Ramírez señaló en rueda de prensa -después de participar en el Congreso anual de JpD en Valencia- que el acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede resulta "paradójico" por cuanto, apuntó, "cuando se piden recortes por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas se dejen de ingresar cerca de 3.000 millones de euros anuales".

El portavoz de esta asociación progresista de jueces recordó que "además el Estado es el que abona los salarios de los profesores que imparten la asignatura de religión". Ramírez apuntó que esta circunstancia "no es compatible con un Estado aconfesional, ni con un criterio racional", por lo que Ramírez solicitó que "la Santa Sede tenga el mismo tratamiento fiscal que otras organizaciones".

Durante en el Congreso Anual de JpD, que cuenta con 540 asociados, se ha analizado la "dura" situación de crisis que se está atravesando en estos momentos de "regresión en valores y recortes sociales durísimos". Ramírez afirmó que todo esto "evidencia que se produce un cambio de paradigma" y se considera que "se pasa de un Estado social a un Estado penal", por lo que abogó por "una reflexión conjunta" para contribuir y dar soluciones "beneficiosas" para la comunidad.