La Fiscalía sostiene que Granados se "amuralló" entre la trama Púnica

  • El ex consejero madrileño se sienta en el banquillo por el chivatazo que le dio un guardia civil de que lo estaban investigando

Francisco Granados, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y su amigo José Manuel Caro, ayer en el banquillo. Francisco Granados, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y su amigo José Manuel Caro, ayer en el banquillo.

Francisco Granados, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y su amigo José Manuel Caro, ayer en el banquillo. / Ballesteros / Efe

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La Fiscalía dijo, en el primer juicio del caso Púnica, que Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le "amurallaron para conseguir su impunidad" y aseguró que los soplos al ex consejero madrileño acerca de la investigación fueron "una constante".

De este modo, en la primera sesión del juicio por el chivatazo de un guardia civil que alertó a Granados sobre las investigaciones sobre él, y que arrancó ayer en la Audiencia Nacional, se opuso la fiscal Carmen García Cerdá a la nulidad de las intervenciones telefónicas, reclamada por el abogado de Granados, Javier Vasallo, en sus cuestiones previas.

Un asesor afirma que lo vio "preocupado" cuando supo que tenía a la UCO encima

La intervención de la conversación sobre el soplo fue una prueba más de las "muchas las veces en que se ha puesto de manifiesto ese intento de conseguir información" por parte de Granados y era algo que "entraba dentro de lo esperado y que confirmó el abuso de poder y la influencia que ejercía" en Valdemoro, municipio madrileño en el que fue alcalde.

Por tanto, las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por el entonces juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, ante los "indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias" que llevó a investigar a Granados, insistió la fiscal.

Esas intervenciones además, prosiguió, no produjeron ningún "perjuicio real" a Granados, por lo que no existió vulneración alguna a su derecho a la intimidad y de secreto de las conversaciones, como alegó su abogado para pedir su nulidad.

El guardia civil en excedencia José Luis Caro afirmó por su parte que vio "preocupado" a Granados cuando se enteró de que agentes de la UCO se iban acercando a su entorno.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el ex consejero madrileño por beneficiarse del chivatazo, ya que le dio tiempo a esconder buena parte de sus bienes. La operación concluyó con él en prisión provisional durante dos años y medio.

El ministerio público pide la misma pena para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, presunto responsable de dar el soplo, y para su amigo Caro, que era asesor de la Comunidad de Madrid en la época de los hechos, todos ellos acusados de un delito de revelación de secretos.

La defensa de Granados se quejó de que el presunto conseguidor de la trama, David Marjaliza, no estuviera sentado en el banquillo de los acusados.

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