"Machado se queda". Así zanjó ayer el debate vía Twitter el alcalde de Sabadell, Maties Serracant, tras un informe encargado por el consistorio para cambiar el nomenclátor de la ciudad que propone retirar el nombre del poeta de una plaza por "españolista y anticatalanista".

"Machado se queda, lo que se ha de eliminar del nomenclátor son los nombres de los fascistas. Eso es lo que trabajamos en la Comisión del Nomenclátor", agregó en un tuit Serracant, de Crida per Sabadell, entidad en la que se integra la CUP.

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Además del nombre de Antonio Machado, el informe, elaborado por el historiador Josep Abad, propone retirar también del callejero, entre otros, los nombres de Quevedo, Calderón de la Barca, Bécquer, Goya, Tirso de Molina, Espronceda o Góngora, a los que considera "hostiles a la lengua, cultura y nación catalanas" y ejemplos del "modelo pseudocultural franquista".

Junto a estos nombres, el informe también menciona los de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, Agustina de Aragón, Bailén, Dos de Mayo, Numancia, Covadonga, Pizarro, Rif, Tetuán y Rafael de Riego, creador del himno de la República.

El primer secretario del PSC de Sabadell Pol Gibert, pidió ayer que "no se utilice ni un sólo euro público para pagar un documento que insulta a miles de ciudadanos de la ciudad y ataca directamente a la memoria histórica de todo un país". "No podemos tolerar que el dinero de todos los ciudadanos pague un informe en el que se recomienda cambiar la plaza Antonio Machado por ser españolista", insiste.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sabadell, Esteban Gesa, señaló por su parte que "retirar nombres del callejero de personajes ilustres es fruto del revanchismo o mera incultura". Gesa instó al gobierno municipal a que "deje de jugar al Monopoli", y le emplazó a resolver problemas como el desempleo, la falta de limpieza, la inseguridad, la pérdida de poder económico o la falta de promoción comercial que a su juicio sufre la ciudad. También lamentó que el alcalde "se olvide de gobernar y muestre una vez más su incultura y radicalidad", y le pidió que "deje de hacer el cafre".

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) aseguró ayer en un comunicado, en el que reacciona a las peticiones que se han planteado en los últimos días para que sea ilegalizada, que el dictador, "en tanto que Jefe del Estado, ni fusiló a nadie, ni dictó condena a muerte alguna, sino la Justicia".

"Las condenas no las decide el Jefe del Estado, sino la Justicia" sostiene la fundación, que añade que el Frente Popular "procedió a docenas de miles de ejecuciones" y que si por ello los que piden su ilegalización consideran que Manuel Azaña fusiló "a cada uno de los ejecutados por el Frente Popular, empezando por los de Paracuellos".

La FNFF mantiene que tiene como "una de sus señas de identidad la defensa de las víctimas que causó el Frente Popular".

Y opina que Franco ofreció a los caídos del Frente Popular "la mayor dignidad que estaba en su mano: la posibilidad de dormir el sueño eterno junto a los caídos de la España Nacional, hermanar vencedores y vencidos bajo la Cruz del Valle de los Caídos".

"Francisco Franco trató a los caídos del Frente Popular con el inmenso respeto que significa ofrecerles sepultura junto a sus propios hombres, y la FNFF, como no podría ser de otra manera, siempre ha mantenido esta actitud de reconciliación y respeto", añade en el comunicado.

La fundación dice que entre sus funciones "capitales" está "la defensa de la media España víctima del Frente Popular, que hoy -afirma- yace olvidada por todos".

El comunicado concluye advirtiendo de que la defensa de la fundación "es, a día de hoy, una obligación cívica, por encima de discrepancias ideológicas o de simpatías políticas".

"Es clave para permitir el reconocimiento y homenaje público a las víctimas causadas por el Frente Popular, y conseguir la declaración de genocidio para la matanza de católicos que llevó a cabo".