El Gobierno asegura que ETA se quedará sin fondos en año y medio

  • Fernández Díaz afirma que las estructuras de la banda están "absolutamente diezmadas" · El ministro considera mezquino ver cálculos electoralistas tras la propuesta de que puedan votar los "exiliados"

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, aseguró ayer que ETA está "absolutamente diezmada en sus estructuras" y que sólo cuenta con fondos económicos para aguantar un año y medio más.

Así se pronunció Fernández Díaz tras inaugurar el seminario de expertos que analizará la posibilidad de que los vascos exiliados puedan votar en el País Vasco en las próximas autonómicas.

El ministro se mostró prudente sobre las finanzas etarras porque se trata de informaciones "de naturaleza reservada", aunque admitió que cuenta con datos que avalan que la banda se encuentra en una situación económica crítica. "Tampoco es conveniente que digamos demasiadas cosas", agregó el titular de Interior, que, sin embargo, se mostró convencido de que ETA está derrotada policialmente y que sus estructuras están "muy diezmadas", que no desmanteladas.

El máximo responsable de la lucha antiterrorista volvió a pedir a la banda su disolución incondicional y la entrega de las armas, para lo que el Gobierno no necesita los verificadores internacionales que proponen tanto ETA como la izquierda abertzale. "Tenemos nuestros verificadores que son la Policía y la Guardia Civil y con eso nos basta y nos sobra. Con ésos los hemos derrotado y, con ésos, verificaremos su disolución", concluyó.

En cuanto a la propuesta del PP de que reforme la Ley Electoral para que los vascos "exiliados" por la amenaza de ETA puedan votar en el País Vasco, el ministro negó que obedezca a un "cálculo electoral" y aseguró que responde a un ánimo de "reparación y de justicia". Durante su intervención en la inauguración de la jornada Residencia y Derecho de Sufragio. Análisis del caso vasco, que reúne a los principales expertos en derecho electoral para analizar la posibilidad de modificar la ley en este sentido, el titular de Interior admitió la complejidad jurídica de esta propuesta y expresó la plena voluntad del Ejecutivo popular de sacar adelante la iniciativa, que partió del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti.

"No estamos haciendo cálculos electorales", subrayó Fernández Díaz, quien apuntó que "eso sería una mezquindad" y que el Gobierno de Rajoy lo que quiere con un debate sereno es reparar la situación de aquellos que se vieron obligados a trasladar su residencia por la violencia. El ministro, que apadrinó este foro de debate, agregó que esta iniciativa se enmarca en la fase "pos-ETA", en la que el Estado de Derecho tiene la obligación de reparar las injusticias de 50 años de terrorismo. "No pensamos en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones", sentenció, ante las críticas que ha recibido la propuesta por parte de los nacionalistas, que creen que el Gobierno trata de manipular el censo vasco para dar un vuelco electoral. El ministro puso como ejemplo el voto de los españoles en el exterior y afirmó que no parece razonable que nietos o descendientes de españoles que nunca han estado en este país puedan votar en las elecciones e incluso decidir gobiernos y, por contra, no se permita el sufragio a vascos que han tenido que huir de Euskadi por las amenazas terroristas.

Preguntado por el número de vascos que podrían acogerse a esta iniciativa, reconoció que se han hecho estimaciones y que no se trata de una cifra "desdeñable", aunque reiteró que no se trata de una cuestión "cuantitativa".

En su opinión, bastaría que a un sólo vasco se le hubiera impedido su derecho al voto para que el Estado tuviera "el deber moral de reparar esa injusticia".

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