Desafío secesionista en Cataluña

La Guardia Civil desarticula el 1-O

  • Detienen a 14 organizadores del referéndum, aunque tres han quedado ya en libertad.

  • Se han intervenido casi diez millones de papeletas. Miles de personas se concentran como protesta.

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La Guardia Civil ha detenido este miércoles a catorce organizadores del referéndum del 1-O, entre ellos una decena de altos cargos de la Generalitat, aunque a última hora de la tarde ya habían quedado en libertad tres de ellos.

A primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha detenido por orden judicial a 14 personas, entre ellas altos cargos del Govern, por los preparativos del referéndum, suspendido por el Constitucional, en una operación en la que se han registrado los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por la preparación del 1-O, ha ordenado 41 registros en despachos oficiales y en tres empresas, en una de las cuales se han hallado unos diez millones de papeletas.

Entre los detenidos figuran el número dos de la conselleria de Economía, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la consellera de Gobernación; Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI); y Xavier Puig Farré, responsable del área de tecnologías de la información y la comunicación de la Generalitat.

Otros detenidos son Pau Furriol y Mercedes Martínez (ambos vinculados a una nave con material electoral); David Franco Martos (también del CTTI); David Palanques Serrano, de la oficina de Asuntos Exteriores; y Juan Manuel Gómez, de la conselleria de Economía.

Joan Ignasi Sánchez, David Palanques y David Franco ya han sido puestos en libertad tras negarse a declarar ante la Guardia Civil.

Desde primera hora de la mañana, miles de personas se han ido concentrando ante las diferentes sedes registradas, especialmente ante las dependencias de la conselleria de Economía que dirige Oriol Junqueras, para expresar su repulsa por la operación policial. Frente a esta conselleria, en Rambla Catalunya, los miles de manifestantes repetían consignas como "Votaremos" y "Nuestras armas son nuestras urnas" y entonaban el himno de Els Segadors.

Otro de los puntos calientes ha sido la sede de Exteriores en la Via Laietana: cuando agentes de la Guardia Civil trataban de sacar cajas con documentación, varias decenas de manifestantes se han abalanzado sobre ellos y los Mossos d'Esquadra, produciéndose momentos de tensión y empujones, que se han reproducido por la tarde.

También se han repetido esos momentos de tensión ante el domicilio de Sabadell (Barcelona) donde este miércoles por la mañana ha sido detenido Joan Ignasi Sánchez, asesor del Departamento de Gobernación, y ante la sede de la CUP en Barcelona, adonde la Policía Nacional ha acudido a intervenir material de propaganda del 1-O del interior de dos vehículos.

Sobre las 12:40, tras reunir de urgencia al Govern para analizar la situación creada por la operación de la Guardia Civil, Puigdemont ha acusado al Gobierno del Estado de "suspender de facto"la autonomía de Cataluña y "aplicar de facto un estado de excepción", por lo que ha hecho un llamamiento a los catalanes a responder con "firmeza y serenidad" acudiendo a votar el 1-O. Puigdemont ha comparecido en la galería gótica del Palau de la Generalitat, arropado por sus consellers, para leer en tono solemne una declaración institucional en la que ha condenado la "actitud totalitaria y antidemocrática del Estado".

Poco después, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "rectifique", "pare esta deriva represora", "devuelva el autogobierno a las instituciones catalanas" y abra una "negociación política".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acusado al Estado de "enterrar la política y abrir definitivamente la puerta a la represión" contra el referéndum, por lo que ha llamado a los catalanes a "no tener miedo", a mantenerse "unidos ante estos ataques antidemocráticos" y a votar el 1-O. En cambio, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a Puigdemont de "cargarse la autonomía de Cataluña" y ha afirmado que las movilizaciones de hoy para "tomar la calle" forman parte de "su hoja de ruta para hacer su golpe a la democracia".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al Govern que renuncie a la "vía unilateral" y al referéndum para iniciar una "apertura inmediata de proceso de diálogo" con todas las fuerzas políticas.

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha afirmado que el Estado "no solo tiene el derecho, sino también el deber" de defender "la democracia y el Estado de derecho", y ha añadido que el Ejecutivo central no tiene la voluntad de "intimidar a nadie".

Mientras tanto, una docena de furgonetas de la Policía Nacional, con sus correspondientes dotaciones, han rodeado desde las 13:30 el perímetro de la sede de la CUP en Barcelona, a la espera de la llegada de una orden de registro autorizada por el juez.

La CUP ha movilizado militantes y simpatizantes y un millar de personas se ha concentrado delante de la sede, en "actitud pacífica pero resistente", han subrayado diputados de la formación anticapitalista.

La ANC y Òmnium Cultural han hecho un llamamiento a movilizarse de forma "tranquila", pero también "firme" y "contundente", porque ha llegado el momento de la "resistencia pacífica", y han convocado movilizaciones en todos los municipios para el próximo domingo.

El Ministerio de Interior ha cifrado en cerca de 10 millones el número de papeletas que la Guardia Civil se ha incautado para votar en el referéndum del 1 de octubre en el registro de una nave industrial del municipio Bigues i Riells, en Barcelona.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las fiscalías provinciales de Cataluña investigar "las campañas de odio, amenazas y coacciones" dirigidas a alcaldes, funcionarios y particulares contrarios a colaborar con el 1-O.

Asimismo, la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, ha recibido una orden del Ministerio de Hacienda que declara el bloqueo presupuestario de gastos no fundamentales de la Generalitat, un mandato con el que el Govern cree se consuma la intervención de sus cuentas y queda suspendida de facto su autonomía financiera.

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