De este modo, la formación integrada en el Grupo Mixto pretende dar respuesta a la necesidad de implementar en la legislación española el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en junio de 2006 y que exige a los gobiernos "uno o varios mecanismos nacionales de prevención de tortura a nivel nacional".
Además, ICV denuncia que los CIEs "no tienen un régimen interno desarrollado legalmente" y "tampoco cuentan con protección judicial alguna", por lo que se hace necesaria una regulación, como "ya en el año 2000" pidió el PSOE a través de una enmienda aunque "8 años más tarde" no la llevó a cabo, explica la formación. Mientras esta no se ponga en marcha, ICV recomienda la creación de "un Comité de Garantías" para cada uno de los centros.
Según la propuesta de Herrera, los comités, integrados al menos por los agentes sociales implicados, deberán tener como función principal "velar por el máximo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas a lo largo del proceso administrativo de internamiento y expulsión" por lo que "podrán realizar visitas a los centros de internamiento de extranjeros sin ningún tipo de restricciones, ni consentimiento previo".
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