Segundo vuelco para el juez Fernando Grande-Marlaska. Una sala de la Audiencia Nacional le ha obligado a reabrir por segunda vez una causa sobre el accidente aéreo del Yak-42. En esta ocasión, se trata de las identificaciones de los cadáveres de los militares, archivada por el magistrado al entender que la necropsia estuvo correctamente realizada al aparecer el lugar y fecha del accidente. La otra causa que tuvo que reabrir fue la referente a la contratación del avión.

En un auto hecho público ayer, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, reabre la causa contra el general Vicente Carlos Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Ángel Sáez, encargados de identificar los cadáveres de 62 militares. Existen indicios contra ellos por un delito de falsedad documental por imprudencia grave al poder haber alterado la filiación de 30 cadáveres. En el caso de que fueran condenados, podrían ser castigados con una condena de entre seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público hasta de un año.

Sin embargo, el tribunal exime de cualquier responsabilidad al mando supremo, el teniente general José Antonio Beltrán, al entender que no estuvo presente durante el examen de los cuerpos y porque ha quedado constatado que su función fue la de recibir una orden del ministro de Defensa, entonces Federico Trillo, para que se encargara de la coordinación de todos los trabajos necesarios para la recuperación de los restos, atribuyendo al equipo médico la disponibilidad para las identificaciones.

La Sala considera que los certificados de defunción no sólo deben acreditar la defunción de una persona, día y lugar, tal y como estimaba Grande-Marlaska, sino también "la identidad de los restos cadavéricos que fundan el tránsito de la vida a la muerte para proceder a declarar la definitiva desaparición en el orden natural de una persona en todos los órdenes, incluidos los que configuraban su corporeidad".

Asimismo, critica la actuación de Grande-Marlaska y explica que el sobreseimiento de una causa debe dictarse cuando no hay ningún tipo de duda.

El PP denunció ayer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está actuando en este caso siguiendo "órdenes políticas" del Gobierno. El Grupo Popular en el Congreso expresó ayer su respaldo unánime a Trillo ante el proceso judicial. El ex ministro denuncia que no se ha sentido respaldado en este asunto por el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien le sucedió al frente del Ministerio de Defensa. Ambos son testigos en esta causa.