El PSOE y el PP pactaron ayer una treintena de enmiendas a la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo que, entre otras cuestiones, establece el compromiso del Estado de perseguir "la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas" de ETA y defiende el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas respondiendo a la petición de las asociaciones de víctimas y con el objeto de dejar claro que los terroristas "no pueden pretender la obtención de rédito alguno como consecuencia de su acción criminal".

Las enmiendas acordadas entre socialistas y populares valoran el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y declaran de utilidad pública las asociaciones de víctimas. De aprobarse estas modificaciones, la nueva Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconocerá como tales a los hermanos, abuelos y nietos de las personas afectadas por atentados y también a las víctimas ilesas, aunque sólo a efectos honoríficos.

Se ampliará también la asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita y se mejorarán las medidas de protección social para las víctimas y familiares directos.

Asimismo, se crea el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo con sede en el País Vasco y se detallan las funciones de la nueva Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de la Audiencia Nacional, que facilitará información a las víctimas sobre la situación penitenciaria de los condenados.

El PNV también ha registrado un total de once enmiendas, entre las que destaca una con la que se pretende que la ley proteja también a las víctimas de actuaciones ilegales cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o "bandas parapoliciales" en la época predemocrática (1960-1977). Entre esas víctimas, el diputado peneuvista Emilio Olabarria cita en una nota de prensa a las de los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando la Policía entró en una iglesia en la que se estaba celebrando una asamblea de trabajadores y mató a cinco de ellos.

En esta misma línea, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV ha propuesto la modificación del nombre de la propia Ley de Víctimas, para que en su marco de actuación ampare también a las víctimas de la "violencia política".

Por su parte, CiU ha pedido que se incluya en la ley una referencia a las víctimas de los atentados contra ciudadanos y empresas españolas ocurridos en el antiguo Sahara español durante los años 70 y hasta finales de los años 80.

El pasado mes de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración del texto pactado en junio del año pasado por todos los grupos parlamentarios.

La futura ley contempla, entre otras novedades, una nueva tabla de indemnizaciones con efectos retroactivos hasta 1960, el reconocimiento de la figura del amenazado y el acceso preferente al empleo público y a la vivienda. Establece un baremo fijo para las indemnizaciones por fallecimiento -250.000 euros-, gran invalidez -500.000- e incapacidad permanente absoluta a los que se sumarán coeficientes correctores en función de las cargas familiares.