El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió ayer en que "no existe ninguna institución, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el director general de la Policía o el director operativo, para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener".

Rubalcaba aseguró ante la comisión de Interior del Congreso que "la política prioritaria es expulsar a aquellos extranjeros ilegales cuya actividad en España sea delictiva y pueda afectar negativamente a la seguridad". "Alguien no ha hecho las cosas bien, pero no han sido ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el director general de la Policía, ni el director operativo", zanjó el ministro respecto a la nota interna de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que ordena a los agentes detener cuotas semanales de inmigrantes de sin papeles.

La oposición no se cree que el ministro no conociera las órdenes de la Policía y asegura que con los cupos pretenden arreglar estadísticas de delincuencia. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, dijo que detrás de la orden policial hay "una actuación política escandalosa e incompatible con el Estado de Derecho".

"La Policía española no hace redadas ilegales", reiteró luego en la sesión de control al Gobierno o en el Senado, en la que llegó a retar al PP a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia si tiene constancia de lo contrario.

Parecen tenerla los sindicatos policiales, pues el Sindicato Unificado de Policía , la Confederación Española de Policía y el Sindicato Profesional de Policía aseguraron ayer en una nota conjunta que Rubalcaba conocía las órdenes de realizar identificaciones masivas de inmigrantes irregulares y que no hizo nada hasta que ha trascendido. Los sindicatos policiales citaron al respecto una reunión del 27 de enero en el seno del Consejo de Policía -órgano de mediación entre sindicatos y el ministerio- en la que pusieron en conocimiento del director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y de su segundo, Miguel Ángel Fernández Chico, su inquietud por determinadas órdenes que estaban recibiendo los agentes.

Los sindicatos remitieron sendos escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes recibidas, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".

"Alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el Ministerio", afirmaron los sindicatos policiales.