El Senado rechaza a dos de los 23 aspirantes al TC que han designado las comunidades

  • La Mesa de la Cámara Alta no ve idóneo al secretario de Estado de Justicia, propuesto por el Parlamento andaluz

La Mesa del Senado decidió ayer declarar no idóneos como candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a dos de los 23 aspirantes enviados por los parlamentos autonómicos para que el Senado eligiera de entre ellos a los cuatro jueces que le corresponde renovar. Se trata de Enrique López, candidato del PP presentado por Extremadura, Madrid, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, y Juan Carlos Campo, candidato propuesto por Andalucía. Los parlamentos que los propusieron tienen hasta el 29 de junio para sustituirlos, por lo que el proceso se detiene hasta entonces.

El portavoz del PP, Pío García Escudero, anunció que recurrirá la decisión de la Mesa respecto a Enrique López, y criticó que el PSOE haya decidido "aplicar el rodillo en el Senado" como demuestran las "prisas que ha metido" a la Cámara para acelerar el proceso de renovación del TC.

Por mayoría de sus miembros, la Mesa acordó que ambos candidatos no reunían el requisito de haber cumplido quince años de ejercicio profesional como juez, al no admitir el tiempo devengado por ambos en servicios especiales o excedencia. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que "los miembros del TC deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función".

Enrique López era, junto con Francisco José Hernando, uno de los nombres propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional que, al no ser aceptados por el PSOE, bloquearon la renovación del Alto Tribunal en el Senado.

Según explicó el vicepresidente del Senado, Isidre Molas, los Parlamentos regionales afectados podrán elegir ahora un nuevo candidato, que deberá cumplir con el requisito de quince años de ejercicio profesional, a contar hasta la fecha en que Hernando y López fueron designados, es decir, hace dos años y medio.

La portavoz del PSOE, Carmela Silva, mostró su absoluto respeto a la decisión de la Mesa y criticó que el PP haya cuestionado la validez del informe de los servicios jurídicos porque "no va en la línea de lo que desean".

El portavoz de CiU en la Cámara Alta, Jordi Vilajoana, opinó por su parte que la Mesa había hecho "lo que toca" a tomar una decisión "objetiva" al corroborar las conclusiones de los informes jurídicos de la Cámara, por lo que subrayó que es momento de que los parlamentos de Extremadura, Madrid, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Andalucía aporten "nuevos nombres" de candidatos.

En cualquier caso, Vilajoana hizo un llamamiento a que el proceso de renovación del Constitucional se haga "con la máxima rapidez y celeridad" para que el actual tribunal no sea el que emita la sentencia del Estatuto catalán.

El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, deseó ayer "suerte" a la presidenta del TC, María Emilia Casas, quien se ha puesto al frente de la redacción de la sentencia del Estatut, pese a ser ella, según Trillo, "la principal responsable del retraso" que arrastra la resolución.

Trillo señaló que, "si se bucea en los archivos", se pueden encontrar "reiteradas y múltiples manifestaciones" del PP pidiendo "la máxima celeridad preferente y sumaria del recurso".

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