El Senado rechaza que los jueces puedan apartar del cargo a imputados por corrupción

  • Todos los grupos consideran que la medida va en contra del principio de presunción de inocencia y supone "establecer una pena anticipada".

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Todos los grupos del Senado han rechazado una proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y permitir a los jueces apartar de un cargo público a quien haya sido imputado en un caso de corrupción.

Con 140 votos en contra y tres abstenciones, la toma en consideración de esta proposición de ley sólo ha contado con el voto a favor de su defensor, el senador del grupo Mixto Pere Sampol, del Bloc per Mallorca. Sampol, que ha dicho que hacía esta propuesta a petición de la Chunta Aragonesista, ha señalado que la existencia de cargos públicos que están imputados en sumarios por corrupción está "escandalizando a una parte de la sociedad que siente asco de tanto corrupto", y ha recalcado que "no basta con condenar, hay que atajar la corrupción, y se hace con hechos". "Si admitimos que la situación es grave, que la imagen de los partidos está por los suelos y que sin partidos no hay sistema democrático, debemos admitir que son necesarias soluciones drásticas como las que proponemos", ha señalado.

Pese a que han condenado enérgicamente la corrupción política, todos los demás grupos de la Cámara se han posicionado en contra de una medida que consideran va en contra del principio de presunción de inocencia y supone "establecer una pena anticipada". Además, han advertido que abriría una "vía peligrosa" porque puede provocar la utilización de la justicia para "fines distintos de la mera persecución del delito".

Esa coincidencia en contra ha llevado al senador del PP Agustín Conde a resaltar que la propuesta no era "asumible desde el punto de vista estrictamente jurídico" porque "es una barbaridad". "Sólo se puede hablar propiamente de un corrupto cuando hay una sentencia que así lo ha declarado", ha indicado Conde quien ha recordado que el Código Penal ya impide seguir en un cargo público a una persona que haya sido condenada por corrupción.

Por parte del PSOE, el senador Anselmo Pestana ha hecho hincapié en que el ordenamiento jurídico establece suficientes medidas para descubrir los casos de corrupción y perseguirlos y ha reconocido que es su investigación la que provoca alarma en la opinión pública. "Produce un efecto perverso en los ciudadanos que perciben la corrupción como uno de los principales problemas de nuestro país", ha manifestado.

El debate de esta iniciativa ha provocado un enfrentamiento entre los portavoces del PP y el PSOE por los casos de corrupción en ambos partidos, después de que Agustín Conde haya asegurado que mientras Alfredo Pérez Rubalcaba sea ministro del Interior y Cándido Conde-Pumpido Fiscal General del Estado una medida así "no puede aprobarse". Así, Conde ha recordado cómo los imputados en el caso del Lino fueron absueltos completamente años después y se ha preguntado "qué no hubiera podido suceder" de aprobarse esta proposición de ley "si alguno siguiera en su juzgado", en alusión a Baltasar Garzón.

El portavoz socialista ha criticado que el PP acuse a jueces y fiscales para tapar sus casos de corrupción y de intentar "ganar tiempo para sacar sus castañas electorales" cuando "sabemos que, al final, habrá responsabilidades penales". La medida ha sido también rechazada por los portavoces del PNV, Joseba Zubía -que ha dicho que dejaría la presunción de inocencia "reducida a la nada"- CiU, Jordi Casas, -quien ha recalcado que "un imputado no es la antesala de un condenado"- y Entesa, Ricardo Bofill, quien ha hecho hincapié en que, ante un caso de corrupción y además de la Justicia, "la  condena la deben hacer los partidos y los ciudadanos con su voto".

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