El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer, por cinco votos a favor y tres en contra, el recurso interpuesto por el PP contra dos de los artículos introducidos en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), entre ellos el que establece la prórroga del mandato de la Presidencia y la Vicepresidencia del organismo mientras los grupos parlamentarios no logren su renovación. Tras una batalla de recusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Pleno lo compusieron sólo ocho de los 12 magistrados que lo integran.

El pasado julio, 50 diputados del PP firmaron un recurso contra los apartados 1 y 3 del artículo único por el que se reforma la LOTC al entender que chocan con los artículos 159 y 160 de la Constitución. En el caso del 16.1, los populares consideraban que obligar al Senado a elegir a los magistrados sólo dentro del cupo de los propuestos por las comunidades autónomas suponía "una desapoderación y limitación" de sus competencias. Sobre el 16.3, el PP entiende que no respeta el tiempo de mandato fijado para el presidente y el vicepresidente del TC fijado por la Constitución.

La importancia de este último artículo, que permite a la presidenta continuar en su cargo hasta que el Senado renueve los cuatro magistrados que le corresponden -entre los que ella está incluida-, estriba en la posibilidad de que Casas pueda emplear su voto de calidad en caso de empate. La tesitura de un voto de calidad se baraja en el estudio del recurso contra el Estatut a instancias del Defensor del Pueblo, pues en el interpuesto por el PP los jueces conservadores gozan de mayoría al haberse aceptado la recusación de Pérez-Tremps, que elaboró un informe para la Generalitat sobre la materia.

Casi diez meses después, el Pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso interpuesto por el PP. Los magistrados del sector conservador del Tribunal, Vicente Conde -presidente accidental del Pleno al estar ausentes tanto la presidenta como el vicepresidente-, Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas anunciaron la interposición de votos particulares discrepantes con la resolución, que fue apoyada por los cinco magistrados del llamado sector progresista -Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay Montalvo, Pascual Sala Sánchez, Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps-.

En los próximos días se divulgará tanto el contenido de la resolución como el de los votos discrepantes sobre un recurso cuya tramitación se ha desarrollado con notables incidencias que no han contribuido más que a ofrecer ante la opinión pública una visión del TC completamente dividida y partidista. Poco después de presentarse el recurso del PP, el Tribunal debatió la abstención de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, por considerar que el artículo 16.3 de la LOTC les afectaba directamente por referirse a sus cargos y perderían la debida imparcialidad que debe tener cualquier magistrado.

Posteriormente, comenzó la guerra de recusaciones entre el Gobierno y el PP. El Ejecutivo recusó a los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata al entender que estaban "contaminados" para debatir el recurso contra la LOTC tras haber remitido una carta el pasado mes de julio a la presidenta del Tribunal expresando su disconformidad con el artículo que prorroga su mandato. A continuación, el PP recusó a los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala basándose en unas informaciones periodísticas que indicaban que también habían expresado su opinión sobre la LOTC en unas supuestas reuniones internas celebradas a instancias de Casas.

A partir de ese momento, el Tribunal Constitucional debió resolver el problema de cómo estudiar las propias recusaciones, ya que el Pleno necesita de un quórum mínimo de ocho miembros para poder efectuar cualquier pronunciamiento. Finalmente, un Pleno de diez miembros -todos los magistrados, recusados o no, menos Casas y Jiménez- decidió rechazar las recusaciones planteadas por el PP, y posteriormente otra deliberación en la que estaban presentes ocho magistrados -los mismos que se pronunciaron ayer- propició dar luz verde a los requerimientos del Ejecutivo y apartar a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata de este asunto, por lo que el Pleno quedó compuesto por ocho magistrados.