El Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite las recusaciones presentadas por la Abogacía del Estado contra dos magistrados del sector conservador, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, al considerar que pueden estar "contaminados" para participar en el debate que el Tribunal debe mantener sobre el recurso que interpuso el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La decisión deja en suspenso el recurso hasta que se decida si estos dos magistrados participan en el debate y contrasta con la adoptada la semana pasada, cuando se rechazaron las tres recusaciones planteadas por el PP contra los magistrados Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez-Tremps.

El TC formará ahora la correspondiente pieza separada de recusación, para la que ha nombrado instructora a la magistrada progresista Elisa Pérez Vera. El ponente de la recusación será el magistrado Manuel Aragón.

Al Pleno se convocó a ocho magistrados -no pudieron estar presentes los propios recusados ni la presidenta y el vicepresidente del TC, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez-. Cuando se debatieron las recusaciones del PP sí pudieron estar presentes en la discusión de sus propias recusaciones, ya que existía la necesidad de contar con el quórum mínimo de ocho miembros que exige la propia LOTC.

El acuerdo de ayer fue adoptado con los votos particulares de los magistrados Eugenio Gay y Ramón Rodríguez-Arribas, quienes, si bien están de acuerdo con la admisión del incidente, discrepan con los otros magistrados sobre la composición del Pleno. Gay manifiesta en su voto particular que en la discusión debían haber estado presentes Rodríguez-Zapata y García-Calvo; mientras que Rodríguez Arribas señala que las recusaciones -tanto las del PP como las promovidas por el Gobierno-, podrían haberse estudiado individualmente con la ausencia del magistrado afectado en cada caso.

"La situación procesal descrita, dentro de la anormalidad provocada por la acumulación sucesiva de recusaciones que bloqueaban el Tribunal (...) obligaba a convocar a los diez miembros del Pleno inicialmente constituido (todos menos Casas y Jiménez), sin excluir a los dos que ahora lo han sido y cuya opinión debería haber sido oída, lo mismo que lo fue la de los restantes recusados", añade Gay. La decisión del TC obliga a dejar en suspenso la tramitación del recurso contra la LOTC hasta dilucidar qué ocurre con los dos recusados.