El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP en la Comunidad, Ricardo Costa, ya están oficialmente imputados por un presunto delito de cohecho en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que ayer confirmó la implicación de ambos que apuntara el primer instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón.

El magistrado José Flors les citó para que declaren el próximo martes sobre su presunta implicación en la trama corrupta orquestada por Francisco Correa y que ha salpicado al PP en Madrid y en Valencia. Acudirá ante el juez tres meses después de que sus nombres aparecieran ligados a la trama. También están citados como imputados otros dos altos cargos del PP en Valencia: el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de Turismo, Rafael Betoret.

Durante su investigación, Garzón acusó a Camps y a los otros tres dirigentes del PP en Valencia de recibir regalos en especie a cambio de conceder adjudicaciones a empresas ligadas a Correa. Su presunta implicación se descubrió por el sastre que les hacía los trajes, José Tomás, la documentación incautada y los apuntes contables en la caja B de la organización.

Según la investigación de Garzón, uno de los imputados, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes y hombre de confianza de Correa en Valencia, pagó trajes al presidente valenciano por valor de 12.783 euros a cambios de la concesión de adjudicaciones a su empresa, Orange Market. Garzón añadía que Correa, "a través de Orange Market, obtuvo la adjudicación de los stands de la comunidad en distintas ferias de turismo entre 2006 y 2009" por un importe superior a los cuatro millones de euros.

Por su parte, el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hermano del ex ministro y hoy diputado nacional Juan Costa, habría percibido trajes y ropa por un importe total de 7.325 euros. El magistrado recogía que el PP de Valencia habría recibido 420.700 euros por permitir que el entramado de empresas de Correa actuara en esta Comunidad. "Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el PP de Valencia", aseguraba el juez.

La imputación de Camps se suma así a la de otros presidentes autonómicos que también fueron implicados durante su mandato como el caso de Juan José Ibarretxe (PNV) en el País Vasco, Jaime Ignacio del Burgo (UPN) en Navarra o José Marco (PSOE) en Aragón.

Tras conocer la noticia, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernandez de la Vega, optó por la prudencia. "Éste es el momento de los jueces", dijo, y por eso aseguró que la actitud del Gobierno será "mantener la prudencia y el respeto hasta que se sepan su responsabilidad judicial".

De la Vega subrayó la importancia de conservar este clima para que los jueces "hagan su labor sin ningún tipo de presión", y aunque señaló que las decisiones de partido le corresponden al PP, lamentó que los populares no hayan dado "ni una sola explicación" .

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saéz de Santamaría, guardó silencio sobre si suspenderán o no de militancia a Camps aunque invocó la presunción de inocencia. "Hay un procedimiento y unos estatutos y un Comité de Garantías que analiza los supuestos y los casos, y desde aquí defiendo lo que es un derecho de todos, la presunción de inocencia". Una frase que hace pensar que Camps sigue aún contando con la confianza de la cúpula del PP.