El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral.

En un auto notificado ayer a las partes, el juez acuerda citar a declarar en calidad de investigadas (antes imputadas) a la ex secretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.

El magistrado considera que existen indicios de que el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en "ejecución de un plan preconcebido", cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, "carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP", según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En su resolución, el juez concluye que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo; por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica.