Otros cinco detenidos por apropiarse de ayudas a la cooperación

  • Investigación de un presunto fraude en las subvenciones del Gobierno valenciano

Cinco empresarios han sido detenidos dentro del conocido como caso de cooperación, que investiga el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía el actual portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

La juez del juzgado de instrucción número 21 de Valencia acordó practicar este jueves diversas entradas y registros, así como varias detenciones dentro de esta causa, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

La instructora notificó el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto de sumario al que hasta ese momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias previas, que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Por estos supuestos delitos, en ese momento del levantamiento del sumario, y a la espera de lo que suceda con los nuevos detenidos, el número de imputados ascendía a 22 personas, seis de ellas cargos o ex cargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Josep Maria Felip o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, por este motivo.

Las otras 14, en su mayoría, están relacionadas con al menos seis ONG. En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.

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