La jueza de Sigüenza que instruye el caso del incendio de Guadalajara, en el que murieron once personas en julio de 2005, ha imputado a tres políticos, entre ellos al delegado de Medio Ambiente, Sergio David González, y también ve "indicios racionales" para imputar a la ex consejera del área, Rosario Arévalo, que dimitió tras el suceso.

En una providencia, la jueza imputa al responsable provincial de Medio Ambiente, al director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, y a José Luis Samper, alcalde de La Riba de Saelices, lugar donde se declaró el incendio.

En la providencia, que lleva fecha del 30 de enero, la jueza María del Mar Lorenzo imputa también a una cuarta persona, Joaquín Baumela, relacionado con una de las empresas que participaron en la extinción del fuego.

Todos ellos tendrán que declarar en el juzgado entre el 14 de abril y el 5 de mayo.

Respecto a la ex consejera, la jueza explica en un auto que del comportamiento de Arévalo "se desprende que existen indicios racionales" para su imputación. Sin embargo, considera por su condición de aforada en el momento de los hechos, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, su actuación podría ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de la región.

Para argumentar su decisión, la jueza explica que hubo "carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia" y "ausencia de medidas específicas y adecuadas". También menciona "la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de incendios forestales en Castilla-La Mancha, defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo ello en relación a las funciones que (la ex consejera) tenía encomendadas derivadas de las competencias de su cargo.

La jueza pide al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que determine si se considera competente para el conocimiento de estos hechos.

Consultada telefónicamente por Efe, Rosario Arévalo, que tras dejar el cargo fichó como directora de Medio Ambiente de la empresa Enusa, declinó ayer hacer declaraciones al respecto.

Fuentes del despacho de Miguel Solano, que representa a las familias de ocho de las once víctimas mortales, indicaron a Efe que van a recurrir este auto, pues consideran que Arévalo debería ser citada en el juzgado de Sigüenza, pues ya no es aforada.

Para las ocho familias representadas por el despacho de Solano, se trata de "una magnífica noticia", pues siempre han pensado en la responsabilidad de los políticos en esta causa y destacaron la labor de la jueza, que "está demostrando su independencia y su interés en buscar la verdad".

Con estas cuatro personas son veinticinco los imputados en este suceso, en el que ardieron casi 13.000 hectáreas de pinar, entre ellos, los siete excursionistas que hicieron la barbacoa, seis técnicos de Medio Ambiente, responsables del 112 en Castilla-La Mancha y de empresas participantes en las tareas de extinción.

El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, aseveró ayer que el Gobierno de Castilla-La Mancha está "plenamente convencido" de que los profesionales que participaron en la extinción del incendio actuaron correctamente, y un ejemplo de esa buena actuación, añadió, es que controlaron el incendio en las 56 horas siguientes desde que se produjo el fatídico siniestro.