Los portavoces de las asociaciones judiciales cerraron ayer con la decisión de sus compañeras del tribunal de la Audiencia de Palma y aseguraron que la decisión de dejar en libertad provisional a Iñaki Urdangarín al haber recurrido la sentencia del caso Nóos no supone hacer una excepción con el marido de la infanta Cristina.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, Celso Rodríguez Padrón, señaló que la decisión de la Audiencia de Palma ha de ser respetada y que la Sala habrá ponderado y tenido en cuenta el riesgo de fuga que puede existir para adoptar esta medida alternativa de control mientras la sentencia no sea firme.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, recordó que la prisión provisional no es una pena anticipada y que debe garantizarse la sujeción del condenado al tribunal.

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, señaló que hay que acatar y respetar la decisión del tribunal y coincidió en que no es una situación excepcional, ya que la sentencia aún no es firme.

Desde el Foro Judicial Independiente, su portavoz, Concepción Rodríguez González del Real, recordó que para restringir un derecho fundamental como la libertad cuando la sentencia no es firme hay que tener en cuenta una serie de circunstancias como el riesgo de fuga.

Desde la carrera fiscal, Concepción Talón, presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, prefirió esperar a leer el contenido de la decisión, que de todas formas "entra en de la normalidad".

La comprensión con la sentencia se desvanece entre la clase política. Así, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expresó su "respeto" a la decisión judicial aunque defendió que la Justicia "tiene que ser igual para todos".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que las medidas cautelares "no deben ser objeto de valoración".

La vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, censuró el "agravio comparativo" que existe entre casos "estrella" como el de Urdangarín y otros que afectan al común de la ciudadanía.

El diputado de Unidos Podemos y coordinador general de IU, Alberto Garzón, tachó de "intolerable" que en España haya dos justicias, "una para ricos y otra para pobres".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, subrayó que la decisión judicial transmite un mensaje: "Vale la pena robar".