La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, integrada por cinco magistrados, será la encargada de estudiar el recurso de apelación de la Fiscalía contra la libertad condicional del preso etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, han informado fuentes jurídicas.

Esta decisión se produce después de que solo 8 de los 18 magistrados que integran la sala de lo penal hayan pedido avocar el asunto a pleno, si bien el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fija que debe haber mayoría para que esto ocurra. Por tanto, el tribunal que decidirá sobre si confirma o no la excarcelación del etarra estará formado por el presidente Fernando Grande-Marlaska -presidente también de la sala de lo penal- y los magistrados Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Nicolás Poveda Peña y Alfonso Guevara. Este último magistrado -presidente de la sección tercera- ha sido elegido por insaculación ya que la quinta magistrada que forma parte de la sección primera -Manuela Fernández Prado- se encuentra con una licencia de estudios y ha tenido que ser sustituida, han señalado las mismas fuentes.

En una providencia el tribunal, que fija para el miércoles 12 a las cinco de la tarde su reunión para la deliberación, da traslado a la forense de la Audiencia Nacional de los últimos informes médicos del Hospital Donostia de San Sebastián "al objeto de que a la vista de los mismos", señale si ratifica su informe o realiza "cualquier ampliación sobre peligro para la vida del interno".

Ese informe, subraya la sala, deberá entregarse en antes de las dos de la tarde de en la secretaría de la sección primera, tras lo que darán traslado al fiscal y a la defensa de Uribetxebarria para que presenten alegaciones si lo estiman oportuno antes del miércoles al mediodía. El pasado viernes el Grande-Marlaska preguntó a los magistrados de la sala de lo penal si avocaba a pleno el recurso del fiscal y les dio de plazo 24 horas para tomar una decisión.

La Fiscalía, que se opuso a la excarcelación de Uribetxebarria Bolinaga, pidió en su recurso que fuera el pleno de la sala de lo penal quien resolviera esta cuestión "teniendo en cuenta la importancia y complejidad de las cuestiones que suscitan, la repercusión que puede tener para otros casos similares que se puedan plantear y la necesidad de establecer criterios jurídicos unánimes".

Pedro Rubira, fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, ha pedido que se revoque la libertad condicional y la nulidad de las actuaciones al entender que, pese a que padece una enfermedad grave e incurable, no se encuentra en situación de "peligro patente para su vida". Según el fiscal, no se cumplen los requisitos legales para excarcelar al recluso y acusa al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva al no haberle notificado las diligencias finales ni el informe médico del pasado 22 de agosto sobre el estado del preso, que le daba una esperanza de vida de nueve meses.

Sostiene que tuvo conocimiento de dicha "diligencia final" a través de la "resolución impugnada" el 30 de agosto, privándole de la posibilidad de intervenir en la misma, al igual que a la forense. La médico forense Carmen Baena consideró que el etarra puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios de la prisión de Zaballa (Álava) y no es necesario que esté ingresado en un hospital.