Ante esta acusación y al término de la sesión, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha advertido de que "no va a discutir" este argumento pero ha subrayado: "Nosotros no juzgamos ideologías sino actividades presuntamente delictivas (...) y simplemente en función de las pruebas se dictará la sentencia correspondiente".

Todos los acusados, que se enfrentan a una pena de diez años de cárcel por pertenencia a ETA, se han negado a responder a la preguntas del fiscal, Carlos Bautista, así como a las de la acusación popular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y sólo han respondido a las cuestiones planteadas por sus defensas.

El juicio ha comenzado a las 10:19 con la declaración del ex portavoz de Gestoras Juan María Olano, quien ha sentado la pauta que posteriormente han seguido el resto de acusados, al denunciar que el tribunal que juzga esta causa "está a miles de kilómetros de la imparcialidad".

"La sentencia contra nosotros está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político", ha asegurado Olano, quien ha subrayado que "no espera ningún tipo de justicia", al tiempo que ha destacado que "con las medidas de represión sólo se alimenta el conflicto y es responsabilidad de todos crear el entorno para el diálogo".

A Olano le han sucedido en el estrado el resto de procesados, que al igual que él, han reconocido pertenecer a Gestoras y se han sentido "orgullosos" de ello porque, según han declarado, a través de esta organización han luchado contra el "apartheid penitenciario" que sufren los presos de ETA.

Así, los responsables nacionales de Gestoras, junto con Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo, han asegurado que el pueblo vasco no es libre, y el primero de ellos ha manifestado que la política penitenciaria que "se impone a los presos políticos vascos se basa en el sufrimiento humano".

Por su parte, la única procesada que se encuentra en prisión, aunque por otra causa, María Teresa Díaz de Heredia, ha señalado que responder a las preguntas de su defensa "es una forma de visualizar el derecho a la pataleta que es lo único que nos queda".

El encargado de "Bases democráticas", Joseba Gotzon, ha reiterado que "el castigo", refiriéndose a la sentencia del tribunal, "ya lo tienen firmado los del PSOE".

En la sesión vespertina, el desarrollo de la vista ha sido idéntica a la de la mañana y los acusados han seguido renunciando a sus defensas, han criticado la dispersión de los presos de ETA y el "sufrimiento" que causa a sus familiares.

Uno de los procesados, Jon Imanol Beascoa, responsable de la Red Empresarial, ha acusado al PNV, partido en el que militaba en los años ochenta, de permanecer "impasible" ante los asesinatos del GAL.

Por su parte, el responsable del área de comunicación de Gestoras, Jesús Felipe Arriaga, ha explicado que la organización es "una auténtica agencia de prensa" porque dan cuentan de "los puntos negros de la democracia española".

Los últimos en declarar han sido los miembros de Askatasuna, organización que el fiscal considera sucesora de Gestoras, quienes han querido demostrar que "mediante la represión" los Estados español y francés "no van a ningún sitio".

En este sentido, Iñaki Loizaga ha aseverado: "este tribunal nos podrá condenar o nos condenará pero no puede juzgar nuestra militancia".

Ante la decisión de los procesados de renunciar a sus defensas, éstas han pedido al tribunal que obvie todas las pruebas solicitadas, salvo una serie concreta de testigos -inicialmente estaban citados más de 200 que reducirán a una veintena- que detallarán en un escrito a la sala mañana.

El juicio se reanudará el próximo lunes con los testigos solicitados por el Ministerio Fiscal y la AVT.