"¿Un tiro en la nuca es violencia política?"

  • La juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo interpela a una de las acusadas de intentar reconstruir a la ilegalizada Batasuna

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La presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los acusados de intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, Angela Murillo, preguntó ayer a una de las acusadas, que había abogado por dejar de lado "la violencia política", si cree que "un tiro en la nuca" es violencia política.

Fue al término de la declaración de Miren Zabaleta -hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta- y poco después de que la procesada asegurara que "lo más innovador" de la nueva estrategia de la izquierda abertzale era la apuesta por "dejar de lado la violencia política" y superar así la situación del "conflicto en Euskal Herria".

"Usted se ha manifestado contraria a la violencia política. ¿Qué es la violencia política? ¿Un tiro en la nuca es violencia política?", preguntó entonces Murillo.

La procesada respondió diciendo que, en el País Vasco, la violencia "ha estado motivada por causas políticas" y añadió: "Pero puedo llamarle violencia sin ningún calificativo. No hace falta ponerle adjetivos, no me parece relevante esa coletilla. Si quiere, la quito y así no da margen para una utilización tergiversada".

"Cuando digo que la izquierda abertzale apuesta por vías exclusivamente pacíficas lo que digo es que hace una apuesta por que no se utilice ningún tipo de violencia. Y me da igual el adjetivo que se pueda poner", señaló en su declaración Zabaleta.

La magistrada Ángela Murillo volvió a robar el protagonismo con sus intervenciones a los procesados de uno de los juicios que preside, en este caso el de los ocho presuntos miembros de Bateragune acusados de intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna.

Y eso que hace sólo unos meses, el pasado 8 de febrero, el Tribunal Supremo anuló una condena a dos años de prisión que una sala presidida por Murillo había impuesto al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi al estimar que la juez exteriorizó "un prejuicio acerca de su culpabilidad" al preguntarle si condenaba la violencia de ETA.

El breve diálogo entre Murillo y Otegi que motivó la anulación del juicio, que se repetirá el próximo mes de julio, tuvo lugar el 27 de enero de 2010, al concluir el interrogatorio al exportavoz de Batasuna, acusado entonces de enaltecer el terrorismo durante un homenaje al preso etarra José María Sagarduy el 9 de julio de 2005.

La magistrada hizo uso de su potestad para plantear preguntas a los acusados y emplazó a Otegi a decir si condenaba o no "rotundamente" la violencia.

"No voy a contestar", contestó el dirigente abertzale, a lo que Murillo reaccionó diciendo "Ya sabía yo que no iba a responder" antes de que Otegi cerrara el intercambio replicando: "Y yo que iba a hacerla (la pregunta)".

En el juicio de ayer Miren Zabaleta señaló que "lo más innovador" del debate en el seno de la izquierda abertzale "era la tesis de que lo que tenía que cambiar no era tanto la actitud de Estado y de otros estamentos (...), sino que empezaba por cambiar la propia estrategia de la izquierda abertzale y dejar de lado la violencia política para dar pie a un cambio en nuestro país".

Zabaleta señaló que fue el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi quien le trasladó las nuevas claves del debate, unas tesis que le convencieron porque, ha dicho, la izquierda abertzale "no conseguía sacar todo el partido necesario como proyecto de izquierdas y de liberación nacional".

"En mi caso, fue la figura de Arnaldo la que hizo la luz sobre cuál era realmente el debate que se tenía que dar en la izquierda abertzale y el que planteó la necesidad de abrir el melón", manifestó la acusada, que está en prisión provisional por esta causa.

Previamente, el ex concejal de HB en Astigarraga (Guipúzcoa) José Manuel Serra, en libertad bajo fianza de 10.000 euros, negó ser el responsable de propaganda de Bateragune, así como haber participado en reuniones de ese grupo.

Serra dijo que su trabajo en HB se centraba en tareas de propaganda y que lo dejó a raíz de la ilegalización de Batasuna en 2003, aunque "de vez en cuando" colaboraba de manera no remunerada con la formación.

El fiscal acusa a Serra de haber participado en varias reuniones en la sede del sindicato LAB en San Sebastián con el resto de acusados entre junio y agosto de 2009, lo que negó el acusado que, no obstante, reconoció que acudió a esa sede "sencillamente" para ver "si había posibilidad de trabajar allí" porque estaba en paro y su situación era "muy crítica".

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