Los vascos son los que mejor valoran las políticas públicas, frente a los catalanes, que dan la nota más baja a servicios como la educación, la sanidad, las pensiones, el urbanismo, las infraestructuras, la inmigración, la vivienda, la seguridad, el empleo y el medio ambiente.

Estos son algunos de los resultados de la encuesta realizada en Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla y León y el País Vasco por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), la Escola Galega de Administración Pública y la Fundación Pí y Sunyer, cuyos resultados han sido presentados este martes en Córdoba.

La encuesta, que se hizo a finales de 2007 y principios de 2008 y aborda la atribución de responsabilidades políticas, es el primer estudio de carácter interautonómico sobre esta materia que se hace en España, según el director del IESA, Manuel Pérez Yruela.

Cuando se ha preguntado a los ciudadanos sobre su valoración de las principales políticas y servicios públicos, los vascos son los que dan las puntuaciones más altas a la educación, sanidad, infraestructuras, urbanismo, control de la inmigración, medio ambiente, seguridad ciudadana y empleo.

Por contra, los catalanes son los que peor puntúan la educación, las pensiones, las infraestructuras, los servicios sociales, el urbanismo, el control de la inmigración, la vivienda y el medio ambiente.

Los andaluces aprueban con algo más de un 5 todas las políticas excepto las pensiones, el urbanismo, el control de la inmigración, la vivienda, el medio ambiente, la seguridad ciudadana y el empleo.

Algo similar sucede con los gallegos, que también suspenden las pensiones, el control de la inmigración, la vivienda y el empleo, mientras que los castellanoleoneses lo aprueban todo menos el urbanismo, el control de la inmigración, la vivienda y el empleo.

La valoración de los ciudadanos sobre servicios públicos concretos de los que han sido usuarios difiere de la valoración general, ya que, aunque el sentimiento generalizado puede ser negativo, la valoración es más alta cuando el encuestado ha recibido esos servicios y habla con conocimiento directo.

Uno de los aspectos de la encuesta hace referencia a la identidad territorial, y destaca que más del 80 por ciento de todos ellos se identifican con su municipio, mientras que los que más se identifican con España son los andaluces (91,8 por ciento) y los que menos los vascos (47).

En cuanto a la descentralización del Estado, los que más se inclinan por dar todo el poder al Gobierno central son los castellanoleoneses, seguidos de los andaluces, los gallegos y los catalanes.

Los datos de satisfacción general (la mayoría de las políticas aprueban con más de un cinco) contrastan con otros datos de la encuesta, como  el desinterés por la política -la mayoría de los encuestados sitúan su interés por debajo del 4-, o la sensación de falta de transparencia o eficacia de las administraciones, ya que la mayoría cree que las mismas gestionan mal el dinero público.

Todos los encuestados coinciden en que la administración que es más sensible a las demandas ciudadanas es el Ayuntamiento y la que menos el Gobierno central.

Respecto a la atribución de responsabilidades de competencias, los encuestados las identifican en líneas generales correctamente con cada administración, y las pensiones, el empleo y el control de la inmigración son las que más aparecen como responsabilidad del Gobierno central, mientras que al autonómico se le atribuye la educación, la sanidad y los servicios sociales.

En cuanto a las preferencias sobre la gestión de los servicios públicos, en el País Vasco y Cataluña son más partidarios de que sean responsabilidad de las comunidades autónomas que del Gobierno central o local, mientras que en Andalucía y Galicia hay un equilibrio entre administraciones, y en Castilla y León se decantan porque sea el Gobierno central quien asuma más competencias.