Algunas inmobiliarias, además de tener que hacer frente a la crisis que actualmente atraviesa el sector, también tienen que afrontar procesos judiciales por operaciones de compraventa inacabadas. Una empresa inmobiliaria de Granada está inmersa como responsable civil subsidiaria en una causa penal porque uno de sus socios, D.S.R., presuntamente se apropió de 30.000 euros que un cliente le entregó hace dos años y medio, en concepto de señal, para la compra en la capital de dos fincas, operación que nunca llegó a cerrarse.

El caso se encuentra a las puertas de ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal de Granada, después de que el fiscal haya formulado acusación contra D.S.R., de 54 años, para quien ha solicitado dos años de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

En su escrito de acusación, fechado el pasado día 3, el Ministerio Público también reclama que D.S.R. devuelva al cliente afectado el dinero que supuestamente se quedó: 30.000 euros, a la vez que considera responsable civil subsidiaria a la empresa inmobiliaria de la que era socio, Grupo Troc Gestión Inmobiliaria.

De acuerdo con el relato que realiza el fiscal, el acusado, que cuenta con antecedentes penales por alzamiento de bienes, firmó el 1 de septiembre de 2005 con el cliente afectado un contrato privado de señalización de operación de compraventa de dos fincas por un precio de 360.500 euros. Cuando firmó el contrato, D.S.R. manifestó actuar en nombre de la citada inmobiliaria, que actuaba en representación de los herederos de la dueña de las fincas, sitas en la calle Alta de Cartuja y en la carretera de Murcia.

La escritura pública de la operación debía formalizarse en el plazo de dos meses desde la firma del contrato privado, algo que nunca sucedió.

D.S.R. ha mantenido durante la instrucción de la causa que la operación no se finalizó porque uno de los herederos de las fincas se acabó oponiendo a la venta. El fiscal cree que el acusado, "una vez que recibió el dinero en concepto de señal, procedió a hacerlo suyo, sin entregarlo a la parte vendedora ni a la compradora al transcurrir el plazo y no otorgarse la escritura".

D.S.R. aseguró en su declaración como imputado que el dinero quedó depositado en la inmobilaria, a expensas que se concluya la operación de compraventa y, según él, a disposición de las partes compradoras y vendedoras. D.S.R. precisó también que desde noviembre de 2006 no realiza ningún tipo de gestión para la inmobiliaria de la que era socio. El juicio aún no se ha señalado.