Confiar en la palabra de Wert. La promesa del ministro de Educación -realizada tras conocerse el fallo del Supremo- de que cambiará la ley educativa para que los centros de enseñanza diferenciada puedan recibir fondos públicos es el asidero al que se aferran la mayoría de los titulares de los colegios que perderán el concierto con la Junta si no se adaptan al modelo mixto.

En su momento, poco después de que se conociera la sentencia en la que el Supremo se posicionaba en contra de la educación segregada, el ministro de Educación apuntó la posibilidad de que la ley explicite, en la futura reforma educativa, que la enseñanza diferenciada por sexos no tiene por qué suponer discriminación ni segregación en "determinadas condiciones".

"Quizás una clarificación del marco legislativo en el que se resuelve esta cuestión ayude o dé lugar a resoluciones en otro sentido", comentó en alusión a la sentencia y al proyecto de ley de mejora de la calidad educativa que el Gobierno enviará al Congreso entre finales de octubre y primeros de noviembre.

Según el ministro, si en un debate articulado y argumental, libre de prejuicios ideológicos, se determina que la posibilidad de ofrecer educación diferenciada no implica discriminación, "no habría ninguna razón" para que esos centros no sean sostenidos con fondos públicos.

Poco después y desde este periódico, la delegada de Educación en Granada, Ana Gámez, aseguraba que "la Junta está muy satisfecha con la sentencia porque avala nuestros planteamientos y apuesta por la coeducación y las aulas mixtas", al tiempo que afirmaba que "nadie persigue este tipo de educación, sólo queremos que no se financie con dinero público".

En cuanto a la propuesta de Wert, Gámez aseguró que "es un gran desatino", al considerar que "el Gobierno central no valora la gravedad de algunas de sus decisiones" ya que "busca la calidad del sistema educativo, pero su oferta de distintos itinerarios va a segregar desde edades muy tempranas, lo que impedirá acabar con las desventajas sociales de los alumnos".

Frente a la confianza en la promesa de Wert, la consejera de Educación, Mar Moreno, duda de que el Gobierno pueda cambiar algo al respecto: "La voluntad de la Junta de no renovar los conciertos a centros de enseñanza segregada no la va a parar el PP, sólo los tribunales. Es difícil que introduzca algún cambio legal para ir contra el principio de igualdad".