La exconcejal de Granada Isabel Nieto y sus tres altos cargos de confianza en Urbanismo, investigados en el caso Serrallo, han presentado en el Juzgado 2 de Instrucción un recurso contra la reciente decisión de ordenar el cierre de la discoteca ubicada junto al centro comercial. En su escrito, los antiguos responsables municipales advierten a la jueza de que esta medida podría acarrear "indemnizaciones millonarias" para la Administración y pone como ejemplo de ello el caso del Centro Nevada, cuyo cierre cautelar durante años puede costar al final a la Junta de Andalucía 157 millones de euros.

Los que acaban de formalizar este recurso de reforma son cuatro de las seis personas que están siendo investigadas desde 2014 por la construcción de un restaurante y discoteca en un espacio destinado originalmente a espacios libres para ocio infantil en el entorno del Serrallo. Ellos siguen defendiendo la legalidad del edificio desde el punto de vista urbanístico y la compatibilidad de usos que en su día habría justificado la apertura de una sala de fiestas (aunque ellos prefieren llamarlo local de espectáculos-reunión).

Pero la apelación, que iría a la Audiencia si la jueza lo rechaza, no pide dejar sin efecto la orden de cierre porque defiendan la legalidad del local actualmente. Al contrario, consideran que la actividad desarrollada ahora por los nuevos adjudicatarios del negocio podría no cumplir con los requisitos legales, pero instan a que sea el propio Ayuntamiento de la capital el que asuma la decisión de ordenar el cierre si no es acorde a la legalidad, en lugar de que sea el Juzgado el que adopte esa medida, con las consecuentes repercusiones económicas que podría acarrear; dado que, además, los actuales responsables del negocio son ajenos a esta causa judicial y no tienen la posibilidad de recurrir.

La actividad de la discoteca del Serrallo cesó antes de 2015, cuando se inició el proceso concursal que provocó el cambio de manos del negocio en una subasta. Por eso en febrero de 2016, con los ahora investigados aún en el Ayuntamiento de la capital, la licencia de actividad de esta sala quedó caducada. Pero el pasado verano, ya con el nuevo gobierno socialista y con los cargos de Urbanismo renovados, el local fue reabierto mediante un trámite administrativo de los nuevos responsables ante el Ayuntamiento que se llama declaración responsable.

En su recurso, la exconcejal y los que fueron máximos responsables de Urbanismo y de Gestión de Licencias en el Ayuntamiento sostienen que esa petición es insuficiente para reabrir el negocio y que tendría que haberse tramitado una nueva solicitud de licencia y calificación ambiental. De no haber sido así y, dado que el Ayuntamiento ha permitido su actividad todos estos meses, los actuales dirigentes habrían incurrido en una "omisión del deber municipal" que sería un delito incluido en el Código Penal.

De este modo, los recurrentes se preguntan "por qué el Ayuntamiento, con plenas competencias solicita a un juzgado de instrucción que adopte una medida cautelar que le es propia y está dentro de sus competencias exclusivas". Este tipo de paralizaciones de una actividad económica, "sin la seguridad de una sentencia condenatoria" y sin haber seguido el procedimiento normal establecido (la intervención del Ayuntamiento), "puede determinar graves responsabilidades patrimoniales" como en casos ya conocidos en la historia de Granada. Esas consecuencias económicas negativas, advierten en su escrito, podrían afectar tanto al Ayuntamiento como a la Administración de Justicia.

Entre los ejemplos que introducen los investigados para ilustrar la situación están el del antiguo estadio de Los Cármenes, un litigio de muchos años que finalizó a favor del promotor del edificio construido allí. Y el más destacado sería el del Centro Comercial Nevada, cuya obra permaneció parada muchos años por orden judicial y a instancias de la Junta de Andalucía, que ha sido condenada este verano a pagar 157 millones de euros al empresario Tomás Olivo por los perjuicios de aquella demora.

En su recurso también piden a la jueza que paralice la orden dada al Ayuntamiento de tasar una hipotética demolición del edificio de la discoteca del Serrallo. El letrado de estos investigados expone en su escrito que "la demolición está fuera de lugar" porque, en el caso hipotético de que se confirmara que la actividad actual no es compatible con la legalidad, se podría cambiar el uso dado al edificio. "Sería una temeridad adoptar medidas al respecto que pudieran generar en el futuro, ante una posible sentencia absolutoria, unas graves responsabilidades patrimoniales a la Administración".

En la exposición de motivos para ordenar el cierre de la discoteca, la jueza de Instrucción 2, María Ángeles Jiménez, asegura que "está meridianamente clara la concurrencia en la presente causa, al menos, de un delito contra la ordenación del territorio". Los cuatro investigados protestan en su recurso por estas palabras de la magistrada, al considerar que estaría "prejuzgando", pues el caso está aún en fase de instrucción y ni siquiera se ha celebrado un juicio.

El edificio construido junto al centro comercial Serrallo, que se destinó desde el principio a sala de fiestas, es en realidad de propiedad municipal, pues su construcción fue una concesión administrativa para hacer un equipamiento, aunque en un principio la idea era obtener un parque infantil y al final el resultado fue esa discoteca. El caso es que, aunque el negocio está privatizado por una serie de años, el inmueble revertiría después en el patrimonio de la ciudad, un motivo más que los investigados encuentran para que no se plantee si quiera la idea de llevar a cabo una demolición.