Almagro se sienta en el banquillo antes que en su silla de concejal

  • Cinco días antes de su toma de posesión, la designada como nueva concejal de Juventud de Granada será juzgada por presunta falsificación de certificados

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Cristina Almagro, la número 8 de la lista con la que el PP concurrió en las municipales y la elegida por Torres Hurtado como futura responsable de la Concejalía de Juventud, tiene una cita con la Justicia tan sólo cinco días antes de tomar posesión de su cargo de concejal. Almagro se sentará hoy en el banquillo del juzgado de lo Penal 2 acusada, por la Fiscalía de Granada, de un posible delito de falsificación de certificados para ser presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio del Albaicín.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario precisaron que la vista contra la futura concejal comenzará a las 11.00 horas en el edificio de La Caleta. Almagro se sentará junto a otro miembro de la junta directiva de la asociación, A.F.L., y ambos se enfrentan únicamente al pago de una sanción económica, así como a hacer frente a las costas del procedimiento.

En concreto, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este diario, el fiscal del caso solicita que cada uno de ellos pague 3.600 euros de multa (seis meses a razón de 20 euros al día). En cualquier caso, la Fiscalía, que fue la que formuló denuncia en los juzgados contra Almagro y el otro acusado, podría tanto mantener su petición al término del juicio como modificarla en función de la prueba que se practique en la vista y, por tanto, acabar reclamando su libre absolución.

Lo que seguro ocurrirá hoy -salvo que se produzca un aplazamiento inesperado de la vista o la acusada se niegue a declarar- es que Almagro habrá de dar las correspondientes explicaciones por la presentación ante la Junta de tres documentos con algunos datos supuestamente falsos para convertirse en presidenta de la asociación.

Este diario ha tratado de contactar con la futura edil para recabar su versión de lo ocurrido y conocer cómo afronta este enjuiciamiento, pero fuentes de su partido subrayaron que ésta no iba a hacer ninguna declaración sobre el juicio. Cabe recordar que durante la campaña del 22-M se hizo público que existía esta causa contra Almagro, y el PP se mostró entonces "seguro" de su inocencia.

Los tres documentos a los que alude el fiscal en su escrito de acusación son tres certificaciones que fueron presentadas en la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía, en fechas distintas, para inscribir la nueva junta directiva de la asociación vecinal albaicinera encabezada por Almagro y que, según esos documentos, fue elegida en una asamblea general extraordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2005.

Según detalla el fiscal, la primera certificación se adjuntó a una solicitud presentada, el 19 de junio de 2006, para inscribir la modificación de los estatutos en el Registro de Asociaciones de Andalucía de la Delegación provincial de Justicia y Administración Pública, ante la reunificación de las asociaciones vecinales Albaicín y San Pedro acordada en la asamblea de 29 de diciembre de 2005. En el documento se especificaban los nombres de cada uno de los miembros de la nueva junta directiva. Sin embargo, según la Fiscalía, no consta que en dicha asamblea se hubiera procedido a la elección por unanimidad o sin ella de esa nueva junta directiva. Tampoco consta, por lo visto, que Almagro y el otro acusado hubieran acudido a aquella sesión. Éstos serán, por tanto, algunos de los extremos que se tendrán que aclarar en la vista.

Esa primera certificación, que contaba con el visto bueno de Almagro como presidenta de la asociación y que fue supuestamente expedida por el otro acusado en su condición de secretario, fue devuelta al mes por los servicios jurídicos de la delegación para subsanación de defectos. Posteriormente, fueron presentados otros dos certificados más con la misma finalidad, fechados el 30 de julio de 2006 y el 13 de abril de 2007, en los que en un mismo cargo (el de tesorero) figuraban dos nombres distintos.

La Fiscalía resalta que en las fechas en las que tuvo lugar la asamblea eran presidente y vicepresidente otras personas que no dimitieron de sus cargos hasta mayo y julio de 2006, respectivamente. También sostiene que el secretario y otros dos miembros de la junta no se habrían afiliado a la asociación hasta el 4 de mayo de 2006, esto es, cinco meses después de la asamblea en la que supuestamente salieron elegidos para sus cargos. Previsiblemente, en el juicio, también se ahondará sobre esos puntos.

La denuncia de la Fiscalía que ha dado lugar a esta causa se produjo tras una investigación previa llevaba a cabo por el Ministerio Público a raíz de la denuncia de un vecino del barrio, M.A.G.S., miembro de la asociación del Albaicín y presidente de una asociación de artesanos, que relataba otras presuntas irregularidades no contempladas por el Ministerio Fiscal. Resaltaba en su denuncia dicho vecino que Almagro era en aquellas fechas "cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento" y opinaba que existían "indicios" -siempre según su denuncia- de una supuesta "temeraria operación política para controlar una asociación de vecinos muy importante y simbólica del movimiento asociativo granadino". En este contexto, por ejemplo, señalaba que el proceso electoral llevado a cabo en el barrio en 2008 podría haber sido "fraudulento", por una supuesta "afiliación masiva de personas afines a los actuales -por aquel entonces- dirigentes de la misma que no residen en el barrio del Albaicín". Pero la Fiscalía no recoge ninguna de esas acusaciones en su escrito.

Según Europa Press, el vecino denunciante ejerce la acusación particular y pide penas de 18 meses de cárcel y multa de 18 meses.

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