Andalucía superó por primera vez el año pasado el millón de expedientes judiciales abiertos por posibles delitos. Para ser exactos, según recoge la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, los juzgados andaluces incoaron en 2008 un total de 1.024.368 diligencias previas, 25.280 más que el año anterior, siendo Málaga y Sevilla las provincias donde se ha registrado un mayor número de incoaciones. En Granada, la cifra fue de 127.730 diligencias previas, cerca de 4.000 más que el año anterior.

Aunque muchas veces se haya usado este dato estadístico para determinar si crece o no delincuencia en la comunidad y en cada una de sus provincias, lo cierto es que para establecer la litigiosidad penal real, hay que fijarse en otro número: el de los procedimientos abreviados, que son las causas que llegan a juicio. Y el año pasado se incoaron en Andalucía 38.000 procedimientos abreviados, casi 8.500 más que en 2007. En Granada, se incoaron en total 4.293.

El incremento de la criminalidad en la región, según ese índice de litigiosidad penal real, ha sido por tanto "moderado", según destacó ayer el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, durante la presentación del balance del Ministerio Público andaluz correspondiente a 2008.

Durante su comparecencia, García Calderón atribuyó a la mayor efectividad de los órganos judiciales de investigación criminal -juzgados de Instrucción-, así como a la labor de la Fiscalía, el incremento "espectacular" que se ha producido en la incoación de procedimientos abreviados, juicios rápidos y también en las sentencias dictadas de conformidad, que se han duplicado.

La nueva regulación en determinadas materias, como la seguridad vial; la efectividad de los servicios de guardia a través del sistema de enjuiciamiento rápido e inmediato; y la especialización de los fiscales han jugado, a juicio de la Fiscalía Superior, un importante papel en ese incremento de los procedimientos abreviados, que ha de considerarse positivo en el sentido de que revela que la persecución de los delitos está siendo eficaz.

Pero este incremento también tiene un lado negativo. "El sistema de enjuiciamiento rápido es efectivo, produce un gran número de resoluciones judiciales condenatorias y esto está provocando que sea muy difícil ejecutar estas sentencias penales", advirtió García Calderón, al tiempo que consideró que el asunto de la ejecución de sentencias es "un problema grave que debe ser resuelto con prontitud".

El máximo representante del Ministerio Público en la región reconoció que la situación económica ha podido influir desde un punto de vista global en el incremento de diligencias previas registrado. No obstante, como remarcó, los datos hechos públicos ayer son los correspondientes a 2008 y habrá que esperar a tener delante los de 2009 para calibrar con nitidez los efectos de la desaceleración en la criminalidad. En cualquier caso, sí quiso dejar claro que la crisis afecta más a otras jurisdicciones (como la Social y Civil) que a la Penal. De hecho, son los procedimientos judiciales por despidos, cierres de empresas y reclamaciones de deuda los que se han disparado.

La memoria incluye otras cifras interesantes relativas a la actividad de los fiscales en la provincia. Entre ellas, destaca el número de calificaciones efectuadas en los procedimientos abreviados enjuiciados por los juzgados de lo Penal: 1.621, frente a las 1.320 realizadas en 2007, todo ello sin contar con las más de 5.000 calificaciones efectuadas en las diligencias urgentes.