El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha emitido una providencia dirigida al interventor del Ayuntamiento de Armilla en la que le solicita que le informe de "los ingresos, en su caso, en el patrimonio municipal, en concepto de monetarización del aprovechamiento urbanístico de la cesión obligatoria correspondiente al Ayuntamiento, derivado de la gestión de los planes parciales B y C y de la unidad de ejecución número 9".

Esos planes parciales y esa unidad de ejecución se corresponden con los terrenos que ocupa el centro comercial Nevada, una obra que lleva dos años paralizada por orden judicial -del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, concretamente- mientras que la monetarización se entiende como el dinero aportado por el promotor de una obra al Ayuntamiento del municipio en el que se realiza a cambio de su realización. Sustituye, en muchos casos, a la obligatoria cesión del diez por ciento del suelo ocupado.

Ahora, el juzgado que instruye la causa en su vertiente penal -por la que están imputados el anterior alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, quien fuera su concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor del centro comercial, Tomás Olivo- pretende unir a la misma la información relativa al dinero que ingresó el Ayuntamiento en aquella operación y de qué forma llegó a las arcas municipales.

De la monetarización ya hablaron los peritos a los que el Juzgado de Instrucción encargaron la realización de un informe sobre la situación del centro comercial Nevada, que a principios de octubre emitieron un contundente dictamen. No sólo aconsejaban el derribo total o parcial del edificio, sino que se detenían en muchos extremos a su juicio irregulares, entre ellos ése. Entendían los expertos que el suelo que debía cederse al Ayuntamiento efectivamente se pagó, pero no sabían cómo. "No existía proyecto de reparcelación en el que se materializase la misma (monetarización), por lo que no queda justificado cómo se ha llevado a efecto", escribieron en sus conclusiones.

Estos documentos ahora solicitados por el juez deberán ser incorporados a la fase de instrucción, como también podría serlo un nuevo informe pericial. Según ha podido saber este periódico, el promotor Tomás Olivo ha solicitado al juzgado un plazo de tres meses para poder solicitar y presentar un informe que contrarreste el de los ya mencionados catedráticos y expertos en materia urbanística.

Ese contrainforme, del que por el momento no han trascendido más datos, trataría de demostrar que ni se ha superado el volumen de edificabilidad, ni la altura máxima permitida ni ninguno de los otros extremos que se recogían en el informe pericial encargado por el juzgado.

Cabe suponer, por lo demás, que el informe pericial que presente Tomás Olivo tenga puntos en común con el que en su día encargó el Ayuntamiento de Armilla para presentar en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que concluye que en la construcción se ha cumplido con la ley.