La Audiencia confirma los indicios de prevaricación de los ediles del PP

  • El auto 'acorrala' a los concejales, a un paso del banquillo a la espera de un segundo recurso contra el procesamiento

  • El escrito respalda los fundamentos aportados por la jueza

Los concejales del PP investigados por el caso Serrallo se han llevado dos serios varapalos en el plazo de 48 horas. Si el lunes se desayunaron con su procesamiento por un presunto delito de prevaricación que les pone a un paso del banquillo de los acusados, ayer se merendaron con el auto de la Audiencia Provincial en el que se desestima el recurso que plantearon tras el verano contra su imputación, lo que casi les asegura el paseíllo ante las cámaras para declarar en el juicio oral como imputados. Los actuales concejales del grupo popular en el Ayuntamiento, María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea 'compartirán' de nuevo banquillo con toda probabilidad con los exediles Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, que formaban parte del equipo de Gobierno en 2012, cuando se dio luz verde al proyecto urbanístico en el Serrallo para construir una discoteca en unos terrenos destinados a un parque infantil según el PGOU. "Se hace preciso depurar responsabilidades y aclarar la participación de las personas que han intervenido en este proceso, y ello sin perjuicio de que una vez finalizada la instrucción de la causa proceda al sobreseimiento de la actuaciones respecto de aquellas personas cuya participación haya sido conforme a derecho", según reza en el auto de la Audiencia Provincial. En este punto, los concejales investigados pueden recurrir el auto de procesamiento que se dio a conocer el lunes, pero, según fuentes consultadas por este periódico, lo lógico es que con este precedente de la propia Audiencia se vuelva a desestimar. Además, el escrito viene a respaldar las actuaciones de la jueza instructora del caso, María Ángeles Jiménez, ya que subraya que su auto "no carece de fundamentación y da las razones por las que desestima la petición de sobreseimiento interesada por los recurrentes", principalmente "en el delito de prevaricación urbanística".

Uno de los desencadenantes de la imputación fue la declaración del exalcade Torres Hurtado en el Juzgado el pasado, 27 de marzo, donde sostuvo ante la jueza que tanto él como el resto de sus compañeros de la junta de gobierno actuaban de forma "automática", puesto que seguían los criterios que les indicaban los respectivos técnicos. Esta vía de defensa 'campechana', seguida a pies juntillas por los concejales y llevada incluso más lejos por Vicente Aguilera, que llegó a decir que ni sabía lo que votaba, no convenció a la jueza, que reprochó al ex alcalde sus explicaciones sobre la toma de decisiones en el Ayuntamiento en el auto del pasado mes de abril que imputaba al resto de concejales.

La declaración de Torres Hurtado fue el detonante de la imputación de los concejales

La magistrada recordó en su escruto que las normativas que regulan a las corporaciones y a las entidades locales hacen responsables directos del sentido de su voto a los concejales, por lo que "está meridianamente claro que los miembros de la junta de gobierno local deben estar debidamente ilustrados sobre el contenido de los distintos expedientes respecto de los cuales se va a votar o debatir". También subrayó en su auto la "importancia de las decisiones adoptadas", que "determinan claramente la dirección de la política local".

Por todo ello, la jueza argumentó en su escrito que, a diferencia de lo que declaró Torres Hurtado en el Juzgado, los miembros de esa junta de gobierno "no pueden limitarse a votar", sino que tienen la obligación de estar informados de lo que hacen y, es más, "cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad".

Como jurisprudencia, la jueza Jiménez destacó la sentencia de 2011 de la Audiencia Provincial de Granada en el caso Nevada, que justifica "de forma contundente" la acusación de los concejales de Armilla que votaron a favor de la licencia de obras del centro comercial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocó esta sentencia al considerar que se les había privado de una nueva vista pública tras haber sido exculpados en primera instancia. Sin embargo, en el caso de los ediles del PP del caso Serrallo, la jueza está siguiendo el procedimiento de forma escrupulosa para sentar en el banquillo de los acusados a más de una década de gobierno en el Ayuntamiento.

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