La Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que decidió el archivo de la investigación del caso Castril, en el que un particular, Rafael Aibar, acusaba al ex delegado de Medio Ambiente en Granada, Gerardo Sánchez, y a un técnico del organismo, Manuel Chirosa, de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad contra la Administración de Justicia y en documento público.

En el auto de la Audiencia se consideran "absolutamente innecesarias" las pruebas solicitadas por Aibar ya que "no se aprecia el más mínimo indicio de que los querellados hayan podido cometer los delitos a los que se refiere la querella".

Tras conocer el auto, Gerardo Sánchez, en la actualidad alcalde de Armilla, afirmó que espera "que con este pronunciamiento judicial finalice también la campaña de acoso y derribo mediático y político pergueñada por Rafael Aibar y el PP contra mi gestión al frente de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente" y dedicarse a la Alcaldía en lugar de a "salir al paso y desmentir las falsedades que los medios recogían sobre mí y sobre mi familia". Sánchez considera que Aibar presentó la querella por no "poder explotar los recursos mineros de su finca del Parque Natural de Castril ni venderlas a la Junta de Andalucía por el astronómico precio de 27,5 millones de euros".