El juez del caso Audioguías, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la anterior directiva de la Alhambra, acaba de acceder a prorrogar el plazo otorgado a las partes para que envíen sus propuestas respecto al futuro de esta causa judicial. La Junta de Andalucía, que es acusación particular, pidió un plazo adicional para realizar su informe, que se considera uno de los más importantes en este asunto, junto al de la Fiscalía.

En una providencia de esta misma semana, el magistrado de Instrucción 4, Antonio Moreno, ha admitido la petición de la Junta de Andalucía, que pidió más tiempo para presentar sus primeras conclusiones respecto a todo lo investigado hasta ahora en este asunto judicial. El caso se abrió en 2015 y provocó la dimisión de la que fue directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y el relevo de una parte de los directivos de aquella etapa. Se investiga la contratación y gestión del contrato de audioguías a una empresa privada.

La Junta ha solicitado más tiempo, mientras que las defensas han solicitado ya el archivo

La Junta de Andalucía se personó como acusación particular (como posible administración perjudicada) y ha actuado como tal en esta fase de instrucción. Una de sus aportaciones más importantes fue la incorporación a la causa de una auditoría realizada por la Intervención General de la Junta sobre la gestión del monumento durante casi una década. Fue una revisión encargada por la anterior consejera de Cultura, Rosa Aguilar (ahora en Justicia), para tratar de esclarecer las dudas que surgieron sobre la administración del monumento. El interventor general denunció en ese documento múltiples irregularidades que a su juicio se habría producido en esos años y que iban más allá del contrato de audioguías.

La fase de instrucción de este caso, que ha sufrido importantes cambios, pero que finalmente se ha centrado exclusivamente en la gestión de las audioguías, está llegando a su fin. El juez dio un plazo de 15 días a las partes para que presentaran sus informes y propuestas sobre el procedimiento a seguir a partir de ahora y sobre el posible sobreseimiento o archivo respecto a los investigados. Esto implica especificar, a la luz de lo que hay en el procedimiento hasta ahora, los delitos concretos, pues en función de ellos y de las penas previstas, la causa podría seguir por el procedimiento abreviado u otras opciones, como el ordinario (cuando se prevén más penas de cárcel) o el jurado.

Según fuentes del caso, la mayor parte de las defensas ya ha pedido el archivo, aunque algunos esperan con especial interés los informes de la Junta de Andalucía y de la Fiscalía. El segundo ya se preveía al final; pero el de la Administración Autonómica, que tenía el mismo plazo, también va a tardar porque sus abogados han pedido un tiempo más. El juez acaba de concederle un nuevo periodo de 10 días.

Una vez que el magistrado tenga todos los escritos de las partes, tendrá que resolver el futuro de esta causa mediante un auto, en el que podría quedar todo archivado o continuar hacia la fase preparatoria del juicio. También quedará determinado por el magistrado qué personas quedan formalmente imputadas y los delitos concretos.

El cierre definitivo de esta instrucción no solo se puede retrasar por la prórroga de la Junta de Andalucía. El juez también ha aceptado la petición de algunos investigados de incorporar a la causa algunos documentos y facturas que tiene que aportar la Alhambra. El Patronato del monumento tardará también algunos días en entregar esa documental, aunque esto podría ocurrir antes de que todas las partes hayan finalizado sus informes.

Durante los más de dos años que lleva abierta la instrucción de esta causa, ésta ha girado en varias ocasiones. La investigación abierta por una querella de la Fiscalía sobre la gestión de las audioguías se expandió al año siguiente, cuando un informe policial puso de relieve la posible adjudicación de contratos externos a amigos y familiares de los dirigentes del Patronato. El juez instructor amplió la imputación a una quincena de personas y ordenó una batería de diligencias muy amplias. El informe de auditoría presentado por la Junta de Andalucía también incidió después en todo esto, al mencionar decenas de contratos adjudicados de forma irregular.

Pero un recurso de las defensas a la Audiencia Provincial cambió el curso de esta actuación judicial, pues la Sala consideró que no había conexión suficiente entre todas estas cuestiones investigadas y ordenó dividir el procedimiento en dos. Por un lado quedaba el caso original, ceñido en exclusiva a las audioguías, que es el que ha seguido su curso con normalidad en el Juzgado de Instrucción 4 y el que está a punto de finalizar esta fase.

Y por otro lado, quedó suspendida toda la investigación sobre el resto de supuestas irregularidades en la adjudicación de otros contratos, donde se había implicado inicialmente a una decena de personas, además de las que ya estaban imputadas por el asunto de las audioguías. Esta parte de la instrucción, que tendrá que tramitarse como una causa completamente diferente, ha generado algunas dudas sobre el juzgado al que compete y ha quedado a la espera del reparto que haga el Decanato.