Diez años después del estallido de la crisis económica, por desgracia, todavía hay familias incapaces de pagar facturas básicas como las de agua o luz. También hay personas que no pueden asumir el coste de unas gafas nuevas para sus hijos o el pago de una mensualidad del alquiler. Ante esta situación, la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada continua con su programa especial para atender estos imprevistos dentro del programa de ayudas a la economía familiar y de emergencia social que el pasado año supusieron un coste de 450.000 euros.

Según explicó ayer la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, en este tiempo se ha producido un incremento d solicitudes para hacer frente al pago de los gastos derivados del alquiler de la vivienda. En total, el año pasado la capital destinó 40.000 euros más que durante el 2016 para esta demanda, que abarca tanto la ayuda para el pago de algunas mensualidades del alquiler, como los gastos derivados del acceso a nuevas viviendas de alquiler. A este concepto, que ha supuesto ya el 43% de las ayudas, le siguen las aportaciones municipales para los gastos de manutención, alimentación o higiene -con un 41% del presupuesto- y los de suministros, que ocupan el 8%.

Sánchez explicó que la naturaleza de las dos ayudas que el consistorio destina a "cubrir las necesidades básicas de determinados sectores de la población en un momento concreto". En el año 2017, el Ayuntamiento tramitó y ejecutó 705 solicitudes de ayuda frente a las 602 de 2016. Las ayudas a la economía familiar se dirigen a familias que cuentan con menores para "facilitar su permanencia en el seno de la unidad familiar", mientras que las de emergencia social se conceden a personas que "sufren situaciones de urgencia". Todas ellas se tramitan con informes de los Servicios Sociales municipales y siempre a cambio de un compromiso y de un plan de actuación.