Avanzan los trámites para instalar cámaras de vigilancia en el Centro

  • La Delegación del Gobierno en Andalucía ya ha recibido el proyecto, que remitirá a la Comisión de Videovigilancia del TSJA para que en un mes valore su viabilidad

El proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en el Centro de Granada, impulsado por los comerciantes con el respaldo del Ayuntamiento, ha dado un paso más en su puesta en marcha. La Delegación del Gobierno de Andalucía, con sede en Sevilla, ha recibido de la Subdelegación del Gobierno de Granada el documento, que ahora tendrá que ser remitido a la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La solicitud ha llegado después de que el Ayuntamiento cumpliera los requerimientos sobre financiación, aspecto que quedó cerrado el pasado 17 de marzo cuando el Consistorio garantizaba 100.000 euros para financiar el proyecto con cargo a los Fondos Urban de la Fundación Albaicín.

Además, se han cerrado también los aspectos sobre el control y mantenimiento del sistema de cámaras. En cuanto al mantenimiento, el Consistorio fija que correrá a cargo de la empresa adjudicataria del concurso que a este efecto convoque la Fundación Albaicín

Según lo establecido por la ley orgánica que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas de seguridad en lugares públicos, la Delegación del Gobierno tiene que remitir la solicitud a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente, en este caso la del TSJA, para que en un máximo de un mes desde la recepción de la misma emita informe sobre la viabilidad o no del proyecto.

Si la comisión, que aún no ha recibido el proyecto, considera que el proyecto de instalación de las cámaras en el centro de la ciudad vulnera los criterios de la ley, no podrá autorizar la instalación de las mismas. Pero será la Delegación del Gobierno la que, en un máximo de dos meses, notifique la resolución correspondiente sobre el proyecto. Si transcurrido este plazo no se dicta resolución, se entiende que se deniega la autorización, aunque se podría interponer un recurso de reposición o impugnar por lo contencioso-administrativo.

El proyecto, promovido por el Centro Comercial Abierto, fue aprobado sin consenso el pasado julio. El PSOE pedía aplazarlo para elaborar un Plan de Seguridad.

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