El Ayuntamiento prepara cartas para dos ciudadanos residentes en México y en Portugal respectivamente, que a día de hoy, con la documentación que hay en las dependencias municipales, figuran como los últimos titulares acreditados de la empresa adjudicataria de la discoteca del Serrallo. Esta concesión correspondió originalmente a la empresa de Roberto García Arrabal, pero en estos años se han producido una serie de operaciones de compraventa opacas que han dejado muy en el aire quienes son actualmente los verdaderos gestores de unas instalaciones que son de titularidad pública.

Tras la denuncia presentada por un empresario que se considera perjudicado en el asunto de la discoteca del Serrallo, el Ayuntamiento de Granada ha iniciado un procedimiento de rescate de la concesión municipal de la instalación, dado que se ha acreditado que detrás de la empresa adjudicataria no se mantienen los mismos empresarios iniciales.

La empresa adjudicataria, que era de García Arrabal, cambió de manos en 2014

Como publicó este periódico el pasado sábado, la denuncia del empresario Abel Pizarro exigía al Ayuntamiento que actuara ante una "venta encubierta" de la empresa que gestiona la discoteca, Taler Real Estate. La investigación judicial que en paralelo está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción 2 (sobre la supuesta construcción ilegal de una discoteca en una zona reservada para parque infantil) también tiene a esa empresa como posible responsable civil.

En el año 2005, esa empresa se llamaba Inversiones Área Sur SL y sus socios eran García Arrabal y el Banco Popular. En esas condiciones se adjudicó un proyecto municipal para construir un parque infantil junto al previsto centro comercial Serrallo. Años después, se levantó en su lugar una sala de fiestas con el consentimiento del Ayuntamiento (con el anterior equipo de gobierno que está siendo investigado por ello). El mismo año en que se inició la investigación judicial, la empresa cambió de manos y se produjeron unas operaciones de compraventa, cuyo rastro ha seguido la UDEF, a sociedades creadas en Luxemburgo y vinculadas a empresas opacas en paraísos fiscales, según desveló este periódico en noviembre pasado.

A parecer, la información sobre esas sustanciales modificaciones no fue transmitida al Ayuntamiento de Granada, que sigue siendo el titular del bien adjudicado en concesión a esa sociedad.

La documentación aportada por el denunciante hace unos días es un acta notarial en la que se da fe de los nombres de los titulares de la empresa que tiene el control de la discoteca del Serrallo en diciembre de 2014, en un momento en el que se estaban llevando a cabo las operaciones de compraventa. Por eso, en su escrito, Pizarro apunta a que pueden ser "testaferros o terceros interpuestos". Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad española, pero con domicilios en México y en Portugal. La primera, María Soledad B. G-M., familia del administrador de la sociedad, figura para ser localizada y notificada en Jurica, del estado mexicano de Querétaro. El segundo titular, Santiago Carlos C. E. (que también menciona la UDEF en sus informes), es vecino de la localidad portuguesa de Cascais. Estas son las referencias de las que dispone el Ayuntamiento para notificar cualquier acción emprendida para recuperar el polémico edificio. Esa misma sociedad también heredó otros activos de García Arrabal como el centro comercial, el Fórum de Negocios o el edificio Be Suites, donde tiene fijada su sede.