La Subdelegación del Gobierno requirió al Ayuntamiento, a los Comerciantes y a la Policía Nacional que aclarara tres puntos concretos del proyecto de cámaras de vigilancia en el Centro que presentaron, en las que trabajan

Las dudas a solventar eran tres. La primera, qué cuerpos de seguridad se iban a encargar del control y mantenimiento de circuito de cámaras. La respuesta quedó clara en el pliego de condiciones, será la Policía Nacional la que se encargue de esta tarea. En segundo lugar, solicitaron un estudio sobre el índice de delincuencia que se registra en las diferentes calles del centro para validar la necesidad de instalar los aparatos de control en un sitio u otro. Este estudio se encuentra en proceso y el cuerpo policial trabaja para redactar un documento actualizado que será el que Subdelegación presentará a la comisión de videovigilancia.

Cerrados estos dos aspectos queda perfilar el tercero que es el que afecta a la financiación del proyecto. Será esta semana cuando el concejal de Comercio, José Manuel García-Nieto, se reúna con los representantes del Centro Comercial Abierto para estudiar la posible financiación del proyecto. Es este punto el que se presenta más polémico ya que ninguna de las partes asume el porcentaje mayor para costear el trabajo. "La iniciativa fue nuestra, pero el proyecto lo debe financiar el Ayuntamiento aunque nosotros colaboremos", explican desde el Centro Comercial. Por su parte, José Manuel García-Nieto asegura que su compromiso con los comerciantes fue el de colaborar y no financiar por completo por el circuito de cámaras. "Si pudiéramos hacerlo, como se hizo en Málaga, lo haríamos, pero no va a ser posible", mantiene.

García-Nieto explica que, ni siquiera, hay presupuesto total sobre el coste del proyecto por lo que resulta complicado saber qué porcentajes asumirá el Consistorio. "Las previsiones que tiene calculadas el Centro Comercial Abierto rondan los 100.000 euros, una cifra que, en mi opinión se quedará corta y que ellos quieren financiar con las partidas que les lleguen del Plan Urban. Con esto sin aclarar no podemos hacer nada", apostilla.

En realidad, si cierran este capítulo en la reunión de esta semana, habrán dado el último paso antes de presentar toda la documentación ante la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ella será la que, en el plazo de un mes, dará la autorización o la negativa a la fijación en las calles del centro de las cámaras de seguridad.