Granada

El Ayuntamiento pierde 220.672 euros que reclamó tarde al promotor García Arrabal

  • El expediente municipal ha dado vueltas durante 8 años, con cambios y decenas de informes

  • Los correos privados de la concejal Nieto revelan que trataba este asunto con el empresario

El Ayuntamiento de Granada tendrá que pagar de su bolsillo 220.672 euros de unas obras de urbanización cuyo coste correspondía a la Inmobiliaria García Arrabal, que fue la empresa promotora de viviendas en los terrenos de la Casa del Tabaco, en la zona de Bobadilla. Después de 7 años de idas y venidas del expediente, con negociaciones directas entre la anterior concejal de Urbanismo y el empresario, el juzgado ha fallado a favor de la mercantil al constatar que la reclamación económica ya está caducada.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada ha dado la razón a la sociedad Inmobiliaria Hermanos García Arrabal SL, que en 2016 reclamó por vía judicial la invalidez, por prescripción, de la reclamación económica que el Ayuntamiento de la capital finalmente llegó a formalizar y a aprobar en su junta de gobierno del 26 de febrero de 2015.

La sentencia dedica más de 4 folios sólo a hacer un sintético repaso por la larga historia del expediente que concluyó con la reclamación de 220.672 euros al promotor privado, por la parte que le correspondía de los costes de la urbanización de la zona conocida como Casa del Tabaco.

Encomiendas y traslados del asunto de una empresa o departamento municipal a otro, resoluciones provisionales, rectificaciones, anulaciones de lo anterior, recursos e decenas de informes de técnicos diferentes desde 2008 hasta 2015. Esta es, en resumen, la vida del expediente relativo a la liquidación económica del área de reforma 3.01 Casa del Tabaco, que era una de las zonas de nuevo desarrollo urbanístico recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU). Y entre medias, ahora se conoce que el promotor y la edil de Urbanismo, hablaban y negociaban el tema también en sus correos privados.

Aunque es más habitual que las urbanizaciones sean desarrolladas por las juntas de compensación que constituyen los propietarios de un nuevo terreno a desarrollar, en esta ocasión, como se hace en algunos casos concretos, fue el propio Ayuntamiento el encargado de llevar a cabo la gestión de las obras (jardines, parques, pistas deportivas y otras instalaciones comunes). Esto se conoce en urbanismo como sistema de cooperación, que funciona de tal modo que la Administración ejecuta las obras y los propietarios del suelo costean las mismas. Es decir, que el organismo público pasa la factura a los promotores privados cuando termina la actuación y aclara las cuentas.

Y fue esa liquidación económica la que se eternizó en el tiempo y traspasó los 5 años que la ley fija para la caducidad de estas reclamaciones económicas.

La antigua Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) tenía en 2008 la encomienda de gestión para el desarrollo urbanístico de esta zona limítrofe de la ciudad, más allá de Chana. A finales de ese año, la entidad presentó la cuenta de liquidación definitiva para iniciar su tramitación. Pero este documento no contaba ciertos "desvíos" económicos respecto de las previsiones iniciales para el desarrollo de este área urbanística.

En febrero de 2009, un informe técnico del Ayuntamiento puso de manifiesto esos "errores y discrepancias" e incluyó un anexo en el que se justificaba "el incremento de los costes de urbanización".

La liquidación vuelve entonces a Emuvyssa, que tiene que presentar otra propuesta en la que reclama nuevas cantidades a los promotores privados. Una vez rehecho, pasa otra vez a Urbanismo -área controlada políticamente a partir de entonces por la concejal Isabel Nieto- para que se hagan informes, se apruebe, se someta a exposición pública, se resuelvan alegaciones...

En 2010, con las alegaciones aún sin resolver y los trámites parados (como reconoce el propio Ayuntamiento en su exposición de hechos en el procedimiento contencioso), un informe de Urbanismo, que es ratificado en un decreto, propone la declaración de caducidad del procedimiento.

Emuvyssa vuelve a presentar en Urbanismo en 2011 otra liquidación actualizada que anulaba la anterior y de nuevo se firman diferentes informes que ponen de manifiesto supuestos errores a subsanar. Y así hasta llegar a 2015 cuando el documento de liquidación por el que se le reclama el dinero al promotor es aprobado en junta de gobierno.

El juez ha estimado el recurso que después puso el promotor, al constatar algo que ni la defensa del Consistorio negó, que es el transcurso de más de cinco años desde el inicio de los trámites. Ese plazo es el que establece el Reglamento de Gestión Urbanística para la aprobación de la cuenta de liquidación desde que se sale adelante la reparcelación.

El Juzgado que estudió el caso no sólo evita al promotor tener que pagar esa deuda al Ayuntamiento, sino que además le impone a esta Administración el pago de las costas de la demanda.

Durante los años en los que se desarrollan todos esos vaivenes administrativos del expediente, con informes más o menos favorables a los intereses del empresario privado y con parones de muchos meses, Roberto García Arrabal trataba y negociaba este asunto directamente con la concejal de Urbanismo en ese momento, Isabel Nieto.

Estas conversaciones, en las que se queja reiteradamente del aumento de los costes de urbanización, han salido a la luz porque constan en el sumario del caso Nazarí algunos correos privados que intercambiaron ambos entre 2010 y 2012.

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