El Ayuntamiento de Granada sigue adelante con al rescate de la concesión de la discoteca y otros establecimientos de ocio del Serrallo, unas instalaciones que hizo el empresario García Arrabal sobre suelo municipal, mediante un concurso que ahora el Consejo Consultivo considera nulo y hasta fraudulento.

La discoteca, las tirolinas y la pista de patinaje podrían pasar a manos del Ayuntamiento de la capital si se llega a completar el expediente de resolución del contrato con la actual empresa concesionaria. No obstante, en paralelo, la investigación penal conocida como caso Serrallo se encuentra ya en una fase previa a la celebración del juicio, del que podría salir una sentencia que obligue al derribo de aquellas instalaciones por presunto delitos urbanístico.

El pliego de condiciones que sacó el Ayuntamiento para adjudicar los terrenos especificaba que tendría que hacerse un parque infantil, pues era una zona destinada a espacios libres. En su lugar se construyeron los negocios antes referidos, incluido el restaurante-discoteca que ha dado tanto que hablar.

El licitador y constructor de aquellas obras vendió su empresa y las instalaciones pasaron a manos de los nuevos accionistas de la empresa Taler Real Estate. Según desveló este periódico en otoño pasado, aquel proceso de venta se hizo a través de sociedades de Luxemburgo vinculadas a los Panama Papers, de modo que la actual propiedad de esas instalaciones se mantiene también la opacidad.

El empresario que adquirió el negocio de la discoteca como arrendatario de Taler Real Estate, Abel Pizarro, fue precisamente el que ha instado repetidamente al Ayuntamiento a iniciar ese expediente de resolución del contrato, dado que se considera un tercero perjudicado que, además, debería ser indemnizado, por no poder abrir su negocio ante las ilegalidades que se investigan.

Fue este empresario el que envió al Ayuntamiento la documentación en la que lo alertaba del cambio del titular de la concesión sin que esa sociedad hubiera notificado nada al Consistorio, como hubiera sido necesario para mantener el contrato.

La documentación aportada por el denunciante es un acta notarial en la que se da fe de los nombres de los titulares de la empresa que tiene el control de la discoteca del Serrallo en diciembre de 2014, en un momento en el que se estaban llevando a cabo las operaciones de compraventa. Por eso, en su escrito, Pizarro apuntaba a que pueden ser "testaferros o terceros interpuestos". Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad española, pero con domicilios en México y en Portugal. La primera, María Soledad B. G-M., familia del administrador de la sociedad, figura para ser localizada y notificada en Jurica, del estado mexicano de Querétaro. El segundo titular, Santiago Carlos C. E. (que también menciona la UDEF en sus informes del caso Serrallo), es vecino de la localidad portuguesa de Cascais. Estas son las referencias de las que dispone el Ayuntamiento para notificar cualquier acción emprendida para rescatar la concesión.

La denuncia de Pizarro exigía al Ayuntamiento que actuara ante una "venta encubierta" de la empresa que gestiona la discoteca, Taler Real Estate.