El CGPJ determinará el traslado de salas en base a "criterios jurídicos"

  • El alcalde defiende en el Consejo General del Poder Judicial que no permitirá que las nuevas secciones penales se vayan a Málaga y Sevilla.

La delegación granadina, con el magistrado Martínez Tristán. La delegación granadina, con el magistrado Martínez Tristán.

La delegación granadina, con el magistrado Martínez Tristán. / g. h.

"Los mismos problemas le ocasionan a un sevillano ir a Granada a apelar que a un granadino ir a Sevilla". Es uno de los razonamientos que expuso la delegación granadina encabezada por el alcalde, Paco Cuenca, que exigió ayer en Madrid al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la ciudad mantenga la capitalidad judicial de Andalucía y que albergue las nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Estas exigencias se plantearon al magistrado Gerardo Martínez Tristán, uno de los seis vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, toda vez que una cuestión de agenda llevó ayer al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a anular la cita con el alcalde con menos de 24 horas de antelación. Con todo, se mantuvo el viaje y Cuenca acudió acompañado por el presidente del Consejo Social, Santiago Carbó, y por los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Eduardo Torres y Gonzalo de Diego Fernández, respectivamente. El regidor expresó la "firme voluntad" de la sociedad granadina, de las formaciones políticas y las instituciones para frenar el traslado de las salas, al tiempo que reiteró que "no existen motivos técnicos que justifiquen el traslado".

Gerardo Martínez Tristán, por su parte, subrayó que Consejo General del Poder Judicial no va a entrar en ninguna disquisición de tipo político y que adoptará una resolución en base a criterios jurídicos. Con todo, señaló que esta decisión no se tomará en breve, ante lo que el alcalde defendió, a la salida de la reunión, que "es fundamental" seguir manteniendo la presión. "Tenemos que estar muy alerta y activos para que esta decisión no se tome nunca", dijo para subrayar a continuación que existen multitud de razonamientos técnicos que desaconsejan el traslado, como que este año se han producido sólo cinco apelaciones por vía penal, lo que no justifica que haya que abrir nuevas salas. Otro argumento es que la mayoría de las apelaciones no terminan en vista, con lo que de manera telemática se pueden resolver estos procesos. "Le hemos dado argumentos de eficiencia y eficacia que demuestran que detrás de todo esto no hay más que intereses de otras localidades, y eso desde Granada no lo vamos a permitir", señaló.

La delegación granadina insiste en que no hay motivos técnicos para el traslado

Pese a admitir el revés que puede suponer la decisión del TSJA de apoyar el traslado de las salas, Cuenca destacó el valor que tiene el voto particular contrario que ejerció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, al que ha atribuido un importante peso jurídico y técnico. El Ayuntamiento de Granada aprobó el último pleno una declaración institucional en la que se pide, tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial, que las nuevas secciones judiciales tengan de manera innegociable y acatando lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía su sede en la ciudad de Granada. En este contexto, desde Sevilla se defiende que, según la estadística oficial de reparto de la Audiencia sevillana, entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de mayo de este año, las cuatro secciones penales recibieron 453 procedimientos abreviados, 19 causas de especial complejidad 112 juicios ordinarios. En total son 584 asuntos judiciales que serían objeto de posibles recursos, pero teniendo en cuenta que realmente se suelen recurrir una cifra aproximada de entre el 60 y el 70%, los asuntos que podrían llegar a la Sección de Apelación Penal desplazada en Sevilla oscilarían entre los 350 y los 408 asuntos.

Sin embargo, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, considera que "no concurren circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión ene l momento presente, ni contribuye a una mejor administración de la justicia, sino que responde a lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos". Según Lorenzo del Río, la decisión de la Sala de Gobierno es "prematura e injustificada" y señala por ejemplo que hasta la fecha sólo ha recibido "cuatro recursos" contra sentencias dictadas por las Audiencias provinciales, por lo que en su opinión, "lo conveniente o aconsejable" sería constituir una primera sección de apelación penal en Granada, sin llevar a cabo desplazamiento alguno.

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